El Ministerio Fiscal ha pedido penas que suman 52 años de prisión y el pago de una multa de 144.000 euros para 8 acusados ​​de pertenecer a una red criminal asentada en Mazarrón (Murcia), dedicada a la compraventa de sustancias estupefacientes. Los sospechosos serán juzgados el 22 de junio a partir de las 10.30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Sus edades oscilan entre los 19 y los 67 años al momento de los hechos.

La Policía Nacional inició la investigación a mediados del 2021 ante la sospecha de que una casa adosada pudiera estar funcionando como un punto de venta de drogas. Dos de los acusados, un padre jubilado y su hijo, se dedicaban a la compraventa de drogas en la casa mientras que los otros seis procesados colaboraban en sus actividades.

Los integrantes de la red tenían roles definidos y ninguno de ellos tenía una actividad laboral reconocida. La investigación reveló que diariamente se encontraba en la vivienda una gran cantidad de personas que se marchaban en actitud vigilante y apresurada después de estar en el interior por un breve periodo de tiempo. Además, por la zona transitaban un gran número de vehículos cuyos ocupantes entraban y salían del domicilio a la mayor brevedad. Los agentes requisaron pequeñas cantidades de droga en las inmediaciones por las que se instruyeron las correspondientes denuncias.

Dentro de la casa, siempre había personas encargadas de identificar y abrir la puerta a los clientes que acudían para adquirir sustancias estupefacientes, además de desempeñar labores de seguridad. Uno de ellos incluso realizaba las funciones de un repartidor: llevaba drogas a domicilio en una bicicleta.

En el registro policial realizado el 12 de agosto del 2019, los agentes encontraron un individuo que intentaba eliminar parte de la mercancía guardada, aprovechando un momento en el que los policías abrían una puerta acorazada que estaba cerrada con dos grandes pestillos y una estructura de refuerzo con barras de acero. Este individuo depositó la cocaína que el grupo tenía preparada para su venta en un envase metálico y luego le roció aguarrás y lo prendió fuego con la ayuda de un mechero para intentar que no se encontrara la evidencia.

El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por posesión y tráfico de sustancias estupefacientes, tanto las que causan grave daño a la salud, como la cocaína, como las que no lo causan, como el cannabis sativa y el hachís. También son constitutivos de un delito de pertenencia a un grupo criminal.

Para el primer delito, la Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el cumplimiento de la condena, así como una multa de 18.000 euros. Para el segundo delito, reclaman dos años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras cumplen la condena.

En total se piden 52 años de prisión y el pago de una multa de 144.000 euros por los ocho acusados.