La reciente sesión de la Asamblea Regional ha culminado en un rechazo significativo a la propuesta de modificación de la Ley de Simplificación Administrativa. Durante un intenso debate, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha denunciado que el Gobierno regional está en camino de "privatizar los servicios públicos", mientras que el Partido Popular (PP) se ha opuesto al nuevo marco normativo, argumentando que fue "construido en connivencia con Vox". Este último partido, a su vez, ha criticado la situación de "caos normativo" que agobia a la Comunidad.

El proyecto de ley, diseñado para reemplazar un decreto-ley avalado en julio, ha sido desestimado gracias a los votos en contra del PP y del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), con Vox apoyando el texto y el PSOE optando por la abstención. Como resultado, se mantendrá en vigor el decreto aprobado por la administración en junio, que seguirá sirviendo como la normativa aplicable en el campo de la simplificación administrativa.

Esta modificación había pasado por la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, donde la oposición presentó y vio rechazadas 14 enmiendas. A pesar de intentos de mejora, el clima de confrontación ha predominado entre los partidos representados.

El texto, que contaba con el respaldo de la patronal Croem, prometía reducir la burocracia y facilitar la actividad económica. No obstante, terminó provocando divisiones entre los distintos grupos parlamentarios, evidenciando las profundas diferencias ideológicas que marcan la política regional.

Virginia Martínez, diputada de Vox, defendió su apoyo al dictamen al argumentar que "eliminar obstáculos burocráticos es crucial para fomentar la riqueza y la libertad económica", aunque no dejó de señalar que el texto ocultaba "una amenaza para el sector primario". A su juicio, la región ya cuenta con siete leyes de simplificación y destaca que ninguna se ha implementado de manera eficaz, lo que pone de manifiesto un verdadero desorden legislativo.

Desde el Grupo Mixto, María Marín (Podemos-IU-AV) criticó duramente la ley, afirmando que "la legislación propuesta por López Miras es un mero reflejo de los intereses de la CROEM: concebida y diseñada para favorecer a los empresarios". Según Marín, el proyecto ha sido elaborado sin las necesarias evaluaciones jurídicas y sin considerar la opinión de la ciudadanía, priorizando así los intereses de poderosos lobbies económicos por encima de los derechos de los municipios y sus habitantes.

Alfonso Martínez Baños, diputado del PSOE, explicó la abstención de su partido al argumentar que "los intereses económicos no deberían estar por encima de la protección ambiental y del patrimonio cultural", además de señalar que el decreto existente ha menoscabado la autonomía municipal y ha promovido la privatización de servicios públicos. Martínez enfatizó que "esta norma no asegura la seguridad jurídica y carece de diálogo y consenso".

Por su parte, la portavoz del PP, María Casajús, defendió el decreto original del Gobierno, argumentando que "tenía como objetivo simplificar la burocracia que obstaculiza la actividad económica y proporcionar seguridad jurídica, sin renunciar a las necesarias garantías". Denunció que "el texto en discusión no representaba el verdadero planteamiento del Ejecutivo, sino un proyecto alterado por el acuerdo entre Vox y el PSOE", acusando a ambos de ser responsables de mantener la burocracia y obstaculizar el cambio.