Este miércoles, la Asamblea Regional ha tomado una decisión significativa al aprobar una petición del Partido Popular (PP) al Gobierno de España para que cubra los costos adicionales que han enfrentado los municipios afectados por el episodio de gota fría conocido como 'Alice', con énfasis en la comarca del Mar Menor.

El portavoz del PP, Carlos Albaladejo, ha señalado que los gobiernos locales se han visto obligados a asumir gastos por cisternas y refuerzos en servicios básicos debido a la escasez de agua potable. Albaladejo ha criticado al ejecutivo central por su aparente desinterés ante la difícil situación, usando la frase "al enemigo, ni agua" para ilustrar una supuesta falta de apoyo hacia la Región.

Por su parte, el PSOE ha votado en contra de la moción, argumentando que el Estado ya ha activado el Decreto 307/2025 y que, tras la reciente declaración del Consejo de Ministros, la zona ha sido catalogada como "gravemente afectada por una emergencia de protección civil". Esta calificación abriría la puerta a nuevas formas de asistencia por parte de distintos ministerios.

Los socialistas también han destacado que diversos ayuntamientos, tanto del PSOE como del PP, están gestionando oficinas para facilitar la tramitación de las ayudas estatales, y han señalado la falta de iniciativas de apoyo económico por parte del Gobierno regional.

En cuanto a la moción del PSOE sobre la promoción de viviendas cooperativas en régimen de cesión de uso, la propuesta fue finalmente rechazada. Mientras los socialistas abogaban por la necesidad de este modelo para ofrecer soluciones de vivienda asequible, el PP y Vox se manifestaron en contra, mientras que el Grupo Mixto se abstuvo.

Miguel Ángel Ortega del PSOE defendió la vivienda cooperativa como un medio para garantizar el acceso a viviendas asequibles y contrarrestar fenómenos como la soledad no deseada. Abogó por un sistema que mezcle espacios privados con áreas comunes, gestionadas cooperativamente.

Desde Vox, el diputado Antonio Martínez arremetió contra la propuesta, acusando a la vivienda cooperativa de ser parte de una agenda "eco-socialista" que, según él, busca reemplazar la propiedad individual por un mero "derecho de uso". Martínez sugirió que este modelo favorecería a ONG y bancos, en detrimento de la propiedad privada.

El diputado del PP, Antonio Landáburu, argumentó que la moción era una importación de propuestas de Madrid y acusó al PSOE de tratar de desviar la atención tras el fracaso del decreto de vivienda asequible, que se esperaba pudiera facilitar 35,000 viviendas en cinco años.

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, justificó su abstención señalando que aunque comparte la necesidad de fomentar el cooperativismo en la vivienda, también es crucial establecer límites legales para combatir la especulación y la acumulación de propiedades por grandes propietarios.

En otro tema, Vox presentó una moción sobre la eliminación del arraigo, proponiendo un endurecimiento de la Ley de Extranjería vinculando la inmigración irregular con la delincuencia. La diputada Virginia Martínez acusó al PSOE y al PP de priorizar el apoyo a indocumentados sobre los españoles.

El PP, representado por Joaquín Segado, rebatió los argumentos de Vox, defendiendo el arraigo como un medio de regularización seguro y ordenado para aquellos que están integrados en la comunidad, y denunciando la manipulación de datos por parte de la ultraderecha.

A su vez, Carmina Fernández del PSOE recordó que la historia de la Región está marcada por la inmigración y advirtió que eliminar el arraigo podría aumentar el trabajo en la economía sumergida y representar un retroceso en derechos sociales. Álvarez-Castellanos del Grupo Mixto también criticó la falta de rigor en los datos presentados por Vox.

En relación a la violencia de género, la diputada socialista María Soledad Sánchez optó por retirar su moción, reconociendo que las enmiendas de PP y Vox hacían inviable su aprobación. Sánchez hizo un llamado a un compromiso serio contra la violencia hacia las mujeres, subrayando la necesidad de protocolos específicos para la atención psicológica de familias afectadas y recordando recientes casos de asesinatos en la Región.

La diputada criticó la falta de actualización del pacto regional contra la violencia de género desde 2022 y censuró a Vox por su postura negacionista en relación a esta problemática, a pesar de que en sus gobiernos locales apoyan manifiestos que respaldan acuerdos estatales sobre estas cuestiones.

Sánchez concluyó que la decisión de retirar la moción tenía como objetivo evitar que el tema se convirtiera en un "campo de batalla negacionista", instando a todos los grupos a mostrar un compromiso auténtico y efectivo en la lucha contra la violencia de género.