En Murcia, han sido detenidas siete personas por su presunta implicación en delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, entre otros.
La operación policial llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a proporcionar documentación falsa a menores migrantes.
Estos menores, que llegaban en patera a la isla de Lanzarote, eran posteriormente trasladados a centros de acogida en Las Palmas de Gran Canaria, donde escapaban para contactar con ciudadanos marroquíes que les ayudaban a llegar a la Península.
Tras utilizar la documentación falsa facilitada por la red criminal, los menores quedaban en una situación de vulnerabilidad al ser abandonados por los responsables del entramado.
La organización se aprovechaba de la precaria situación de los menores y sus familias pagaban entre 1.000 y 2.000 euros por cada persona, según las informaciones proporcionadas por la investigación policial.
Los implicados suministraban a los menores los medios necesarios para viajar a la Península, incluyendo documentación y billetes de avión, utilizando agencias de viaje y locutorios de familiares para realizar los pagos y reservas correspondientes.
Una vez en la Península, los detenidos retiraban la documentación falsa a los menores, dejándolos en una situación de desamparo que les obligaba a presentarse nuevamente ante las autoridades para acceder a centros de menores.
La red criminal había modificado sus rutas de acceso a la Península ante la presión policial, llegando a utilizar la ruta aérea de Los Balcanes desde Marruecos a Italia o Francia, trasladando a los menores en camión hasta España.
La colaboración de la Oficina Central Operativa Documental 'Punto Atenas' ha sido fundamental en el desarrollo de la investigación, ya que actúa como un 'call center' para consultas sobre documentos con indicios de falsificación detectados por agentes de la Policía Nacional.
En total, se han realizado siete detenciones en Murcia por delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra los derechos de ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal, con la intervención de 5.500 euros, un equipo informático, dispositivos móviles y documentos relacionados con la investigación.
Esta operación demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de documentación falsa, protegiendo los derechos de los menores y garantizando la seguridad en materia migratoria.
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