El Ayuntamiento de Cartagena ha decidido solicitar la nulidad del proceso judicial y abrir un recurso de apelación contra el reciente fallo de El Vivero, que obliga al Consistorio a abonar una enorme indemnización de 54 millones de euros a los desarrolladores implicados en este proyecto urbanístico en La Manga del Mar Menor, debido a la desclasificación de los terrenos.

El fallo dictado por la Sección de lo Contencioso-Administrativo ha sido considerado "desproporcionado" por los asesores legales del Ayuntamiento, quienes sostienen que el monto debería limitarse a los costos asociados a los trámites urbanísticos, y no al valor del suelo, que sigue siendo de propiedad de los demandantes, según un comunicado oficial del Consistorio.

Los representantes legales del Ayuntamiento llevarán a cabo dos acciones: solicitar por un lado la nulidad del proceso y, al mismo tiempo, presentar un recurso de apelación contra el auto que establece la indemnización, argumentando que no se han considerado los informes emitidos por el Servicio de Urbanismo y la Oficina de Gestión Presupuestaria que el Ayuntamiento aportó, tal y como ha indicado la alcaldesa Noelia Arroyo.

Además, el equipo legal defiende la postura del Ayuntamiento al resaltar que los terrenos en cuestión poseen valores ambientales significativos y están protegidos en virtud de la legislación existente relacionada con el Mar Menor, lo que impide cualquier intento de desarrollo urbanístico en la zona.

Desde el Consistorio afirman que la base de su defensa radica en la "excesiva" cantidad de la indemnización impuesta, la cual, sostienen, ignora las pruebas presentadas por los técnicos del Ayuntamiento durante el proceso.

En este contexto, aseguran que durante el procedimiento judicial, se presentó un informe urbanístico que demostraba que "los terrenos no estaban desarrollados urbanísticamente y que los propietarios no tenían derechos consolidados de aprovechamiento urbanístico".

En relación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), han aclarado que estos terrenos fueron clasificados como no urbanizables en la aprobación inicial, la cual fue respaldada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, y que cualquier cambio en esta clasificación no será definitivo hasta su aprobación final.

El concejal del PSOE, Pedro Contreras, ha manifestado que la sentencia es un reflejo de la especulación urbanística promovida por el PP durante las últimas tres décadas en Cartagena y en la Región, insistiendo en la necesidad de frenar la construcción en el entorno del Mar Menor, algo que el PSOE ha incluido en el nuevo PGOU.

“La gestión urbanística depredadora impuesta por el PP ha dejado el Mar Menor en una situación crítica y ahora provoca estas sentencias que tendremos que pagar todos los ciudadanos de Cartagena. Es inaceptable”, ha subrayado Contreras, recordando que el PSOE ya había advertido en 2019 sobre la inviabilidad del proyecto de El Vivero.

Por su parte, el líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha comentado que la situación actual es consecuencia de la mala gestión urbanística del PP, apoyada por PSOE y Vox, y ha instado a convocar una Junta de Portavoces urgente para que se informe de todos los litigios en curso.

Giménez Gallo ha señalado que tanto en la Comisión de Urbanismo como en el Pleno, durante la aprobación provisional del nuevo PGOU, se reiteró el riesgo de indemnizaciones si no se actuaba con la debida diligencia. “Votamos en contra porque la información relevante no fue claramente comunicada. Esta condena no es fruto de una decisión súbita; proviene de un proceso judicial en curso que no se discutió con la claridad que merecía durante el debate del Plan”, ha añadido el líder de la formación cartagenerista.