El pasado 15 de octubre en Murcia, la Abogacía del Estado ha decidido llevar a cabo un recurso contencioso-administrativo contra una moción del Ayuntamiento de Jumilla, impulsada por el delegado del Gobierno en la región, Francisco Lucas. Esta medida prohíbe la realización de actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Consistorio en las instalaciones deportivas municipales.

El recurso busca la suspensión temporal de esta moción, ya que, según el órgano, tiene como objetivo restringir de manera injustificada el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. Este argumento se basa en lo estipulado en el artículo 16 de la Constitución española, como indican fuentes de la Delegación del Gobierno.

La Abogacía del Estado argumenta que la moción, que obtuvo el apoyo del Partido Popular y Vox, transgrede el principio de neutralidad de la Administración en cuestiones religiosas, así como la necesidad de una ley que justifique la limitación de derechos fundamentales. También destaca la falta de motivación y proporcionalidad en esta restricción respecto al uso de los espacios públicos.

Además, el recurso enfatiza que esta decisión responde más a una agenda ideológica de exclusión que a una necesidad real. Los promotores de la moción afirmaron que su objetivo era limitar prácticas religiosas que consideran "importadas", como la conocida 'fiesta del cordero', que, según el Ayuntamiento, no se alinean con los usos y costumbres de la identidad nacional.

Es relevante mencionar que la comunidad musulmana de Jumilla ha celebrado festividades religiosas en el pabellón deportivo municipal durante varias décadas, siempre de manera regulada, mediante solicitudes y pagos correspondientes, sin haber causado ningún problema de orden público hasta el momento.

Esta reacción ocurre después de que el Ayuntamiento de Jumilla no respondiera a un requerimiento del Gobierno, que en agosto pasado pidió la anulación del acuerdo del 28 de julio, que prohibió actos religiosos en instalaciones deportivas locales.

La postura del Gobierno es clara, manifestando preocupación por lo que consideran una "deriva autoritaria" de la derecha y la ultraderecha, al tiempo que reafirma su compromiso de desafiar cualquier medida cotidiana de los ayuntamientos que ponga en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Como ejemplos de esta preocupación, el Gobierno ha citado la censura educativa en Murcia, el trato a las mujeres que desean abortar en Castilla y León o Madrid, y los intentos de derogar leyes de memoria histórica, impulsados por quienes defendieron la dictadura.

Francisco Lucas, el delegado del Gobierno, había anunciado previamente el 18 de septiembre su intención de solicitar a la Abogacía del Estado que interpusiera un recurso para revocar la moción del Ayuntamiento de Jumilla.

El 11 de agosto, ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno ya había formulado un requerimiento para que se revocara el acuerdo, al considerar que vulnera el ordenamiento jurídico vigente.

En este contexto, se subrayó que esta moción representa un ataque al derecho fundamental a la libertad religiosa, tal como se expresa en la Constitución, y contraviene el principio de neutralidad de las instituciones en temas religiosos, así como la necesidad de una motivación adecuada para cualquier restricción sobre el uso de espacios públicos, de acuerdo a la normativa estatal.

Finalmente, el delegado del Gobierno afirmó: "Llevaremos ante los tribunales al Ayuntamiento de Jumilla para proteger los derechos fundamentales de todas y todos los ciudadanos de Jumilla, especialmente el derecho a la libertad religiosa, garantizado por nuestra Constitución".