El próximo martes, el Gobierno de España llevará a cabo una importante reunión del Consejo de Ministros donde se aprobará un Real Decreto que establecerá la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma para menores migrantes no acompañados. Esta iniciativa, confirmada por fuentes del ministerio, busca regular el número de estos jóvenes que pueden ser alojados en cada región.

Este decreto no especifica cuántos menores serán trasladados a cada comunidad, pero es crucial porque habilitará a aquellas comunidades autónomas que se encuentren en una situación de sobrecarga a solicitar una contingencia migratoria extraordinaria. Para que una región esté en dicha situación, deberá triplicar su capacidad de acogida habitual, lo que, según las previsiones, afectará principalmente a Canarias, Ceuta y Melilla.

Una vez aprobado este decreto y publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno tiene la intención de comenzar los traslados de menores no acompañados desde las zonas saturadas hacia la Península el próximo 28 de agosto.

La distribución de estos menores fue uno de los puntos que se pretendía tratar en una conferencia sectorial sobre Infancia programada por el Ministerio de Juventud e Infancia para el 17 de julio, pero que fue cancelada debido a la inasistencia de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, con la excepción de Ceuta.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, criticó abiertamente el “bloqueo” del PP y consideró una actitud profundamente irrespetuosa no haberse presentado en medio de una crisis humanitaria. Además, indicó que el 26 de agosto se llevaría a cabo la aprobación de este decreto, que también incluirá detalles sobre la financiación asociada para la acogida de menores.

Rego también enfatizó que, aunque se habla de una cifra potencial de hasta 3.975 menores a trasladar, los movimientos no se realizarán de manera abrupta, sino que se establecerá un proceso coordinado que se desarrollará a lo largo de un año.

En julio, se aprobó un Real Decreto anterior que establece protocolos específicos para situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, brindando protección a la infancia migrante no acompañada y asegurando que cada menor reciba atención personalizada durante su traslado.

Adicionalmente, se contempla la posibilidad de solicitar apoyo a las fuerzas policiales y al Ministerio Público en caso de que las comunidades se nieguen a aceptar la llegada de los menores que les corresponden.

Las proyecciones del Ministerio sugieren que hasta julio de 2025, será necesario que las comunidades autónomas acojan a 3.975 menores migrantes para aliviar la situación en Canarias, Ceuta y Melilla. Las comunidades que recibirán mayor número de estos menores incluyen Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, que juntas atraerán casi la mitad de todos los traslados.

Después les siguen Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, entre otras, mientras que las Islas Baleares recibirán el menor número, con solo 49 menores. Por otro lado, Euskadi y Cataluña no serán parte de este reparto, aunque Cataluña se ha mostrado dispuesta a acoger al menos 31 menores, en un esfuerzo voluntario por ayudar.

Desde el ministerio se recalca que estas cifras son estimaciones máximas, y se estipula que al grupo de casi 4.000 menores se le restarán alrededor de mil que ya han solicitado asilo y que el Estado debe asumir, conforme a lo dictado por el Tribunal Supremo, comenzando ya los traslados en las semanas anteriores.

En términos de financiamiento, se destinarán 100 millones de euros a las comunidades autónomas para garantizar la adecuada acogida de estos menores, además de otros programas de apoyo en transición a la vida adulta planificados en colaboración con las regiones.

El Ministerio también ha destacado que todos los costos de transporte de los menores correrán a su cargo, y cubrirán los gastos de acogida durante al menos los primeros tres meses. Asimismo, se planea compensar a las comunidades que enfrenten una sobrecarga ordinaria en su capacidad de acogida.

Según las proyecciones, España destinará más fondos a comunidades como Canarias, Madrid y Andalucía, mientras que Melilla y Cataluña recibirán la menor cantidad, lo que plantea un reto adicional en la gestión de recursos frente a esta crisis humanitaria.