El Gobierno refuerza las reglas para proteger la profesión sanitaria del intrusismo.

El Gobierno español ha dado un paso significativo en la protección de la salud pública al aprobar un nuevo cambio en el Real Decreto 1277/2003, que regula la autorización de centros y servicios sanitarios. La decisión, tomada en el Consejo de Ministros, busca restringir la práctica de la asistencia sanitaria únicamente a aquellos profesionales que posean las credenciales y habilidades necesarias.

Esta modificación surge tras la creciente preocupación por los casos de intrusismo profesional, especialmente en el ámbito de la cirugía estética, donde se han evidenciado negligencias graves. Ante esta situación, el Ejecutivo ha reconocido la urgencia de establecer un marco normativo más robusto que asegure la calidad y seguridad en todas las áreas de atención sanitaria, para así disminuir los riesgos y prevenir incidentes adversos en cualquier contexto asistencial.

La ministra de Sanidad, Mónica García, enfatizó que esta regulación es una respuesta lógica y necesaria a los problemas recientes, destacando la importancia de aprender de los errores pasados para proteger a los pacientes. “Es cuestión de sentido común transformado en norma. No podemos permitir que situaciones trágicas se repitan”, afirmó García, refiriéndose al caso de una joven fallecida debido a una intervención realizada por un individuo no capacitado.

El nuevo decreto propone que todos los centros sanitarios sean responsables de garantizar que la atención sea proporcionada únicamente por personal debidamente acreditado. Esto implicará que cada establecimiento deberá contar con un registro actualizado de su personal, que incluya detalles sobre su formación y especialización. García fue clara en este punto: “No es suficiente con afirmar que alguien trabaja aquí; es esencial demostrar que están calificados para llevar a cabo sus responsabilidades”.

Además de ello, los centros tendrán la obligación de orientar a los nuevos profesionales sobre las prácticas aplicadas para asegurar la atención segura de los pacientes, reforzando así el compromiso con la calidad del servicio.

Esta reacción por parte del Ministerio de Sanidad es especialmente relevante, dado que la Audiencia Nacional había emitido una suspensión provisional sobre otra orden que limitaba las autorizaciones para cirugías estéticas. A pesar de este obstáculo, el Gobierno ha decidido avanzar con su propuesta en la publicación oficial de la nueva normativa.

La actualización también incluye la incorporación formal de unidades clínicas como la Radiofísica Hospitalaria y la Radiofarmacia, al tiempo que se modernizan definiciones obsoletas en varias especialidades para reflejar los últimos avances en el ámbito médico.

La aplicación de esta nueva regulación comenzará el 1 de julio, proporcionando a los centros sanitarios un periodo de seis meses para actualizar los datos de su personal, cumpliendo así con las nuevas exigencias de formación. Las comunidades autónomas también contarán con un plazo de un año para adaptar sus servicios a estas nuevas disposiciones.

Con esta iniciativa, España se alinea con el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030 promovido por la Organización Mundial de la Salud, fortaleciendo así la calidad de su Sistema Nacional de Salud y consolidando un modelo asistencial centrado en la seguridad y la excelencia clínica.