El Gobierno regional denuncia que el nuevo anteproyecto del SMI socava la legalidad y afecta la negociación colectiva.

El Gobierno de la Región de Murcia ha expresado este lunes su fuerte oposición al anteproyecto de Real Decreto que establece las directrices para la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), denunciando que este podría socavar principios fundamentales del marco jurídico y menoscabar la importancia de la negociación colectiva. Estas afirmaciones fueron presentadas en alegaciones al Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, ha enfatizado que el anteproyecto representa una intrusión descarada en el ámbito de las normas estatales, violando así conceptos esenciales como la legalidad y la jerarquía normativa. López Aragón también advirtió que el texto se aleja de manera injustificada de la jurisprudencia firme del Tribunal Supremo, lo que podría tener serias repercusiones.

En la comunicación que la Dirección General de Trabajo de la Región de Murcia envió al Ministerio de Trabajo, se destaca que la regulación planteada hace cambios por vía reglamentaria que contradicen lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, según lo informado por el gobierno regional.

La consejera también criticó que el nuevo regulativo ignora elementos fundamentales de la directiva europea, particularmente en lo que respecta a la contratación pública. Subrayó que no se puede exigir a las empresas el cumplimiento del SMI si la propia Administración no respeta esas normas en sus contratos y subcontrataciones.

Otro punto de debate es el sistema propuesto para actualizar el SMI, que, según López Aragón, impone revisiones automáticas basadas exclusivamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin considerar factores cruciales como la productividad o la evolución real de los salarios. La consejera afirmó que tal enfoque es incompleto y no se alinea con las normativas europeas ni con el propio Estatuto de los Trabajadores.

En cuanto a la regulación de la compensación y absorción salarial, López Aragón advirtió que se limita un mecanismo que es legalmente reconocido. Hizo hincapié en que el Tribunal Supremo ha declarado que el SMI debe considerarse como un umbral global anual y no simplemente como un salario base, por lo que las modificaciones propuestas alteran su esencia.

La consejera también puso de manifiesto que el anteproyecto representa un cambio fundamental en las relaciones laborales, sugiriendo que reemplaza el diálogo social existente por un aumento en la intervención gubernamental. Considera que esto desincentiva la negociación colectiva y erosiona la autonomía tanto de sindicatos como de empleadores para establecer salarios, alterando el equilibrio en el sistema laboral.

Finalmente, López Aragón criticó la falta de rigor en la memoria de análisis de impacto normativo, que, según ella, carece de estudios económicos exhaustivos y no evalúa adecuadamente las cargas administrativas. Esta situación, argumentó, infringe los principios de buena regulación y transparencia que deberían regir cualquier acción normativa. Ante estas preocupaciones, el Gobierno regional ha solicitado al Gobierno central que realice una revisión exhaustiva del anteproyecto, con el fin de asegurar su conformidad con el marco legal, el respeto a la negociación colectiva y una correcta implementación de la directiva europea.