En un giro significativo en la política regional, el senador del Partido Popular, Francisco Bernabé, ha dado a conocer la presentación de un conjunto de preguntas por parte de su grupo parlamentario en las Cortes Generales, dirigidas a esclarecer las irregularidades que rodean la apertura del campamento que funciona como Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en el antiguo Hospital Naval de Cartagena. Bernabé destacó que este campamento ha sido erigido en una ubicación que, según él, no cuenta con las autorizaciones necesarias.

La rueda de prensa, donde Bernabé estuvo acompañado por varias figuras destacadas del PP, tales como diputadas y concejales de Cartagena, se celebró en la sede del partido. Bernabé subrayó la urgencia de obtener respuestas de las autoridades, afirmando que los cartageneros merecen claridad respecto a la decisión del presidente Pedro Sánchez de convertir la ciudad en una importante base de acogida para inmigrantes no regulados.

Según el senador, el campamento, que actualmente alberga a más de mil personas, se ha instalado sin los debidos permisos municipales y carece de garantías de seguridad en una zona considerada de riesgo. Esta situación, a su juicio, refleja un desprecio palpable por la legalidad y la seguridad de la ciudadanía, calificando al Gobierno de “corrupto”.

Bernabé también comunicó que desde el Ayuntamiento de Cartagena, el Partido Popular está tomando medidas para denunciar esta problemática, incluyendo la presentación de mociones en plenarios y demandas ante el Tribunal Supremo, con el fin de elevar la voz sobre un aspecto que consideran vital para la comunidad.

Entre las preguntas planteadas al Gobierno, se incluyen preocupaciones sobre la ausencia de medidas contraincendios en el campamento, las condiciones de habitabilidad en las instalaciones, y el hecho de que dicha zona no cuenta con las autorizaciones pertinentes del ayuntamiento ni de la Confederación Hidrográfica del Segura. Además, ha mencionado la necesidad de garantizar la adecuada identificación de los inmigrantes trasladados, con el propósito de asegurar la convivencia y la seguridad en la región.

Asimismo, el senador cuestionó por qué Cartagena es la única ciudad de España que cuenta con dos grandes instalaciones destinadas a la recepción de inmigrantes ilegales, insinuando la posibilidad de que se designe a otras localidades para tal fin en el futuro.

Bernabé también hizo hincapié en la falta de un contingente policial específico para el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, mencionando que la llegada frecuente de inmigrantes a las costas exige el compromiso de la Policía Nacional, lo que compromete la seguridad en otros aspectos de la ciudad.

Respecto a la falta de respuestas por parte del Gobierno, Bernabé expresó su pesimismo, sugiriendo que la situación de Cartagena es percibida por el Ejecutivo como un “castigo” debido a que la localidad nunca cuenta con su apoyo. Puso de relieve la carencia de inversiones significativas en infraestructuras que deberían haberse completado, desde la casa cuartel de la Guardia Civil hasta la Ciudad de la Justicia.

Por su parte, Ignacio Jáudenes, alcalde local, recalcó que el campamento carece tanto de seguridad como de cumplimiento normativo, además de denuncias alarmantes sobre el manejo de menores que están siendo enviados a Cartagena bajo falsedades sobre su edad y sin la supervisión adecuada, lo que considera una violación grave de sus derechos. Jáudenes no dudó en calificar la situación como un “infierno” para estos jóvenes.

Finalmente, hizo hincapié en que la discusión no se limita a un enfrentamiento político, sino que se centra en los derechos humanos que, en su opinión, son ignorados por aquellos que suelen abogar por ellos en otros contextos. La crítica se dirige a cómo el Gobierno actual aplica criterios de derechos humanos de manera selectiva, dejando a los migrantes en una posición vulnerable.