El PP propone medidas de protección para sanitarios en la Ley de Salud.
En Cartagena (Murcia), el Pleno de la Asamblea Regional debatirá una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular que busca incluir en la futura Ley de Salud medidas de protección para los profesionales sanitarios y sanciones específicas para quienes los agredan, según informaron fuentes del PP.
El Grupo Popular propone que la legislación contemple sanciones administrativas para aquellos que cometan conductas violentas contra el personal sanitario, incluso en casos donde no haya daño físico, así como para situaciones donde se cause daño patrimonial.
Además, la iniciativa hace un llamado al Consejo de Gobierno de la Comunidad para seguir implementando medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores de los centros sanitarios.
Recientemente, el sindicato UGT denunció una agresión a un médico en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, lo que llevó a la intervención de la Policía después de que familiares de un paciente atacaran al facultativo y amenazaran al resto del personal sanitario presente en la planta.
El diputado regional del PP, Antonio Martínez Pastor, destacó un informe del Ministerio de Sanidad del 2022 que muestra un aumento en el número de agresiones a profesionales sanitarios, especialmente en Atención Primaria.
Señaló que las mujeres representan el 77% de las agresiones, siendo los médicos, seguidos por administrativos y enfermeros, quienes más sufren esos ataques en los centros sanitarios, donde el 85% de las agresiones son no físicas.
Martínez Pastor resaltó la importancia de proteger a los trabajadores de la salud para garantizar un entorno seguro y aseguró que las agresiones afectan la integridad física, psicológica y el bienestar de quienes trabajan en el sector sanitario.
En respuesta a esta situación, afirmó que es necesario implementar medidas preventivas y ofrecer protección a los profesionales frente a actos de violencia en su lugar de trabajo para evitar renuncias, burnout y la fuga de talento.
En conclusión, el diputado del PP señaló la necesidad de reconocer y penalizar también las agresiones no físicas, como las verbales, coacciones, intimidaciones, insultos y amenazas, que actualmente quedan en gran impunidad, lo cual ha contribuido al deterioro del sistema sanitario público.