El pasado 29 de octubre, desde el PSRM-PSOE se anunció la presentación de tres propuestas clave para reducir el coste de la vivienda en la región, condicionando su apoyo a la convalidación del Decreto-Ley de Vivienda que se debatirá en la Asamblea Regional este viernes.

El diputado Miguel Ortega subrayó la necesidad de que “el suelo público que se done debe ser siempre de titularidad pública”, cuestionando la falta de acción del presidente López Miras, quien, según Ortega, no ha desarrollado ninguna vivienda pública en los últimos ocho años y ha permitido la privatización de las que se construyeron anteriormente.

En su propuesta, los socialistas demandarán que al menos un 30% de las viviendas se destinen a alquileres asequibles, con el objetivo de mitigar el precio medio del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.

Por último, el PSRM-PSOE exigirá que se dupliquen los recursos del aval joven, considerando que esta medida no ha logrado impactar adecuadamente en el público que realmente lo necesita.

Ortega no escatimó en críticas hacia el actual decreto, enfatizando que “ofrecer un piso de 90 metros cuadrados por 170.000 euros es una burla para la ciudadanía”. Denunció que esta normativa en realidad eleva el precio de la vivienda, en lugar de ofrecer soluciones efectivas.

El diputado también advirtió que, en su interpretación, el único grupo beneficiado por este decreto sería un sector de constructores que ahora tiene más facilidades para desarrollar proyectos en el centro de las ciudades, donde las nuevas reglas les permiten aumentar la edificabilidad hasta un 50%. Esto, según Ortega, alimenta la especulación inmobiliaria y agrava el problema en lugar de resolverlo.