Murcia, 8 de octubre. La Guardia Civil ha iniciado una investigación contra dos individuos que dirigen una empresa señalada por la extracción ilegal de más de 110.000 litros de agua diaria de un pozo clandestino, cuyo destino final era el abastecimiento de granjas porcinas, empresas y hogares, incluyendo el llenado de piscinas. Este pozo, ubicado en Puerto Lumbreras, carece de la autorización necesaria para su explotación.

La operación denominada 'Zahorí' se centra en la supervisión de los recursos hídricos y la detección de captaciones ilegales de aguas subterráneas. A través de las pesquisas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se ha podido confirmar que se han sustraído, al menos, 50 millones de litros de agua subterránea, comercializada a distintos sectores.

El inicio de esta investigación se produjo tras recibir una denuncia de 128 vecinos de Zarzalico, en la que alertaban sobre la escasez de agua para el uso ganadero en la región. Los denunciantes indicaron que se estaban trasladando cubas de agua para ayudar a abastecer a estas explotaciones afectadas.

Ante la situación, los agentes del Seprona iniciaron un operativo de vigilancia para confirmar la información y detectar actividades no autorizadas. Este trabajo dio sus frutos rápidamente, permitiendo a los investigadores localizar el punto donde se realizaba el llenado de los camiones cisterna implicados.

Los guardias civiles, tras varios meses de seguimiento, pudieron determinar que las cisternas se rellenaban en una finca de Puerto Lumbreras. Siguieron el rastro de estos vehículos, descubriendo que su destino incluía diferentes explotaciones porcinas y empresas, así como hogares particulares donde se usa el agua para llenar piscinas. Esta evidencia fue confirmada mediante la revisión de documentos y albaranes de entrega.

Los investigadores también lograron identificar el pozo del cual se extraía el agua de manera ilícita. Comprobaron que carecía de un contador que permitiera medir la cantidad de agua extraída, así como de cualquier tipo de autorización formal que justificara su uso.

Después de exhaustivas investigaciones, se demostró que esta empresa había extraído y vendido, en un periodo de 18 meses, más de 56 millones de litros de agua, generando ingresos cercanos a los 275.000 euros. Los datos sugieren que el aprovechamiento ilegal podría haberse estado llevando a cabo durante varias décadas, aunque no se pudo establecer un marco temporal exacto.

La Guardia Civil ha podido identificar y localizar a los responsables de esta actividad ilegal. Se han iniciado diligencias para investigar su posible implicación en delitos contra el medio ambiente y la usurpación de aguas subterráneas.

Los hallazgos de la investigación confirman que este pozo se operaba sin la debida autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). La venta del agua extraída se realizaba a través de camiones cisterna, que la transportaban a diversas granjas, empresas y domicilios particulares, contribuyendo así a una preocupante explotación de los recursos hídricos en la comarca.