En la causa figuran otros seis acusados que pertenecían a la red de captación y prostitución, que también han pactado con la Fiscalía

MURCIA, 11 Sep.

Siete empresarios de la Región de Murcia han admitido haber pagado por mantener relaciones sexuales con menores de edad, pero evitarán la cárcel luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Cada uno de los acusados ha pactado una pena de cinco meses de prisión por los delitos cometidos.

Además, en el caso se encuentran otros seis acusados que formaban parte de la red de captación y prostitución de las menores, quienes también han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y, aparentemente, no serán encarcelados.

Ninguno de los 13 acusados será enviado a prisión ya que las penas acordadas no superan los dos años de cárcel, siempre y cuando paguen la correspondiente indemnización por daños. A pesar de esto, el juez convocará una nueva audiencia para determinar si las penas serán suspendidas o no, según información de Europa Press.

Es relevante mencionar que el juicio estaba programado para este miércoles a las 10.00 horas en la Sala 001 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, pero finalmente se alcanzó un acuerdo entre las defensas de los acusados y la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron hace aproximadamente una década. En 2015, la Policía Nacional desmanteló la red que reclutaba a jóvenes de entre 14 y 17 años en colegios, discotecas y a través de anuncios en internet para que se prostituyeran en lugares de entretenimiento y en domicilios.

En el operativo inicial, se detuvieron a 29 personas, incluyendo a las tres líderes de la organización y 15 clientes que solicitaron explícitamente servicios sexuales con menores de edad.

La red operaba en Murcia, en sus alrededores y en municipios cercanos como Lorquí. Los clientes tenían edades variadas, desde los 40 hasta los 80 años, pagando entre 80 y 200 euros por cada servicio. Parte de este dinero iba a parar a las víctimas y parte a los organizadores, según se reveló durante la investigación.

La investigación se inició en agosto de 2014, cuando la Policía Nacional recibió información sobre la desaparición de una menor. Los padres de la joven indicaron que llevaba un estilo de vida lujoso sin tener un empleo conocido, lo que llevó a sospechar que podía estar ejerciendo la prostitución.

Tras diversas diligencias, la Policía Nacional logró encontrar a la menor en un apartamento de la capital murciana, donde también residían otras chicas, incluyendo menores, que estaban siendo explotadas sexualmente por la pareja propietaria del lugar. Los agentes descubrieron que las jóvenes estaban siendo víctimas de explotación sexual en dicho domicilio.

La Fiscalía acusaba a tres mujeres que actuaban como reclutadoras de las menores en puertas de discotecas y colegios. Además, entre los acusados se encontraban dos hombres encargados de los traslados y otra mujer que hacía de intermediaria entre las reclutadoras y las menores.

En ese momento, la Fiscalía había procesado a nueve clientes de la red de prostitución.

Originalmente, la Fiscalía pedía siete años de cárcel para cada uno de los responsables de la red por cada menor captada. En cuanto a los clientes, solicitaba cuatro años de prisión por cada delito.

Sin embargo, tras el acuerdo alcanzado entre las defensas de los clientes y la Fiscalía, las penas se redujeron a cinco meses de cárcel por cada delito y los acusados no tendrán que cumplir condena.