En Murcia, el pasado 28 de octubre, se han producido importantes novedades en el caso 'Novo Carthago', relacionado con presuntos delitos de corrupción urbanística en áreas protegidas alrededor del Mar Menor. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha decidido reducir las penas que se solicitaban para los siete acusados, estableciendo un máximo de un año y tres meses, lo que significa que ninguno de ellos enfrentará prisión.

En su análisis de la situación, el Ministerio Público ha argumentado la existencia de dilaciones indebidas que justifican una disminución de las penas inicialmente propuestas, aplicando una atenuante que afecta a los procesados, entre los que se encuentran dos exconsejeros de la Comunidad. Esta reducción representa un cambio significativo en la postura de la Fiscalía, que ha decidido bajar dos grados las penas previstas en la acusación original.

Concretamente, para A.C.C., quien ocupó el cargo de titular de Medio Ambiente en el Gobierno regional, la Fiscalía solicita un año de prisión, dos meses de multa diaria, además de nueve meses de inhabilitación para ejercer cualquier empleo o cargo público. A.C.C. está acusado de falsedad documental y prevaricación, lo que refuerza la gravedad de los delitos imputados.

Por su parte, la antigua asesora de A.C.C., M.A.F.C., enfrenta una solicitud similar por parte de la Justicia, no solo por los mismos delitos, sino que además se le acusa de blanqueo de capitales, lo que incrementa su posible pena con tres meses adicionales de prisión y una multa de 125.000 euros, junto a la inhabilitación para ocupar cargos de elección pública.

En cuanto a J.B.G., exconsejero de Obras Públicas, el fiscal ha solicitado tres años de inhabilitación, equiparando su situación a la de otros acusados como A.A.P., J.M.R.C., M.A.G.Z y L.M.R.A., todos ellos también relacionados con el delito de prevaricación. La falta de penas de prisión para estos funcionarios refleja una política del sistema judicial que sigue generando debate sobre la responsabilidad en casos de corrupción.

Desde el inicio del juicio, celebrado el 29 de septiembre, la Sala 1 de la Audiencia Provincial de Murcia ha sido escenario de diversas declaraciones, entre las cuales destacan testimonios del expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y la excalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Este proceso judicial sigue captando la atención pública y plantea muchos interrogantes sobre la integridad en la gestión urbanística y política en la región.