MURCIA, 14 Dic. - La Fiscalía de Delitos de Odio y contra la Discriminación ha iniciado una investigación contra el portavoz adjunto de VOX en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, por sus declaraciones relacionando la inmigración con la delincuencia.

En sus declaraciones, Martínez Alpañez afirmó que los inmigrantes ilegales no vienen a España a buscar refugio por motivos de religión u orientación sexual, sino que son personas que huyen de sus países debido a problemas legales y delincuenciales. Además, solicitó poner fin a la liberación de inmigrantes ilegales en las calles.

También mencionó que se ven personas con machetes en las calles, que los índices de delincuencia están incrementando geométricamente y que los delitos sexuales relacionados con menores de edad y, especialmente, con inmigrantes se multiplican por más de 100.

El portavoz de VOX en la Asamblea insinuó que parece que se está permitiendo a aquellos que quieren destruir España, ya sea rompiéndola territorialmente o llenando las calles de inmigrantes ilegales que generan inseguridad.

La Fiscalía ha confirmado que continúa con las diligencias contra Martínez Alpañez para determinar si ha cometido algún delito. En caso de considerar que existe una infracción penal, la Fiscalía informará al denunciado.

Por otro lado, la Fiscalía ha señalado que la denuncia presentada contra el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, ha sido desestimada porque no se ha encontrado evidencia de delito.

La denuncia contra ambos dirigentes de VOX fue presentada por Amigos de Ritsona, Convivir Sin Racismo, PAREM y Murcia Acoge debido a las declaraciones realizadas por ellos en la Región de Murcia.

La Fiscalía ha solicitado a la Jefatura Superior de Policía de Murcia que investigue las declaraciones realizadas por Martínez Alpañez.

En relación a las declaraciones de Antelo, la Fiscalía considera que su mensaje en redes sociales podría ampararse en la libertad de expresión, aunque pueda resultar impopular, equivocado u ofensivo, pero no constituiría discurso de odio, según lo han aclarado las entidades denunciantes.

Las entidades denunciantes consideran que las conductas denunciadas constituyen una clara desacreditación, humillación y menosprecio hacia un colectivo vulnerable caracterizado por su origen extranjero, especialmente del norte de África, su etnia y su situación administrativa como migrantes en situación irregular.

Los denunciantes han anunciado que revisarán detenidamente el contenido del decreto de incoación, pero valoran de manera positiva la apertura de la investigación.

Además, las entidades denunciantes estarán atentas a los procedimientos llevados a cabo por la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía para determinar si se esclarecen los hechos y se establecen las responsabilidades penales correspondientes.