Murcia, 20 de febrero. En un avance significativo para el desarrollo rural, el Gobierno regional ha firmado acuerdos de delegación de controles con los cinco Grupos de Acción Local (GAL) de la Región. Estos convenios aseguran una inversión total de 12 millones de euros en ayudas bajo el programa Leader, una iniciativa de la Unión Europea que se inserta en la Política Agrícola Común y es financiada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha destacado que estos acuerdos "fortalecen un modelo de cooperación sólida y cercana a las comunidades locales", en el marco del programa Leader para el período 2023-2027.
Con la firma de estos convenios, se da inicio a la publicación de las bases y convocatorias de ayudas que cada Grupo de Acción Local gestionará, con el objetivo de impulsar proyectos liderados por actores tanto públicos como privados en el ámbito rural.
Rubira enfatizó que estos acuerdos "solidifican la colaboración entre la Administración regional y los Grupos de Acción Local, asegurando que las ayudas Leader sean efectivas y se adapten a las realidades de cada territorio, beneficiando así a quienes más lo necesitan en el entorno rural."
El programa Leader en la región cuenta con un presupuesto global de 12 millones de euros, de los cuales más de 8,1 millones se destinarán a financiar proyectos que fomenten la permanencia de la población, mejoren los servicios y generen oportunidades en los municipios rurales.
La consejera también subrayó que "los GAL son fundamentales, ya que integran las perspectivas de la población rural en la formulación de políticas públicas y sirven como impulsores de iniciativas que mejoran la calidad de vida en nuestras comunidades."
Las ayudas estarán disponibles para diversas entidades, incluidos ayuntamientos, mancomunidades, entidades locales menores, así como a personas físicas y jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes, asociaciones, fundaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro en el ámbito rural.
Este acuerdo establece un modelo de gobernanza compartida, que no solo reconoce el papel crucial del tejido económico y social en el mundo rural, sino que también promueve la cooperación entre la Administración regional y los territorios, buscando un desarrollo equilibrado, sostenible y lleno de oportunidades.
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