La Región de Murcia se encuentra en el centro de una contienda legal tras la decisión del Consejo de Gobierno, que, bajo la dirección de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo. Este paso se toma en respuesta al Real Decreto 743/2025, que establece la capacidad de tutela para la protección de menores migrantes no acompañados, una medida que el gobierno regional considera insuficiente y desconectada de la realidad local.

Según lo estipulado en el mencionado Real Decreto, el Gobierno central ha asignado a Murcia una capacidad de tutela para 517 menores. Sin embargo, las autoridades autonómicas han señalado que esta cifra se aleja considerablemente de la cifra real de plazas disponibles para ofrecer atención adecuada a estos menores, lo que genera preocupaciones sobre la posibilidad de brindar un apoyo efectivo.

El Ejecutivo regional argumenta que esta normativa infringe las competencias exclusivas de la Comunidad en materia de protección de menores y critica el mecanismo de distribución propuesto, que, según afirman, no refleja las realidades de la Región ni los esfuerzos realizados para integrar acogimientos de manera adecuada y responsable.

Además, el Gobierno regional ha señalado la falta de financiamiento suficiente que debería acompañar este reparto, lo que podría poner aún más en riesgo la atención a los menores afectados.

La situación se agrava al recordar que esta no es la primera confrontación legal; previamente, el 2 de octubre, el Consejo de Gobierno había presentado un recurso similar ante el Supremo contra otro Real Decreto, el 658/2025, que también se ocupa del reparto de menores migrantes. Este recurso se basa en la admisión de un escrito por parte del Tribunal Constitucional relacionado con un marco legal anterior que afectaba la redistribución de menores no acompañados en contextos de crisis migratoria.

El Gobierno de Murcia continúa manifestando su desasosiego, subrayando que la reciente decisión se ha tomado sin la participación de las comunidades autónomas, a lo cual se añade la crítica a la falta de un proceso consensuado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano que debería haber debatido estas cuestiones.

La normativa estatal se considera unilateral y descontextualizada, ya que impone criterios que no consideran las realidades particulares de cada comunidad ni fomentan un espíritu de colaboración y coordinación entre distintas administraciones.

Desde la perspectiva del Gobierno murciano, estos desplazamientos de menores también parecen ignorar el interés superior de los niños, al disponer su traslado sin las garantías necesarias en cuanto a infraestructura y recursos que aseguren su bienestar. Se ha enfatizado que esta decisión se ha tomado sin adicionalmente asignar los recursos económicos que permitirían brindarles la atención indispensable.

Marcos Ortuño, portavoz del Gobierno regional, ha afirmado la determinación de la comunidad de mantener una hoja de ruta comprometida con un nuevo modelo de acogida para menores tutelados, buscando que crezcan en entornos que se asemejen lo más posible a un hogar. Estas declaraciones se dieron en el marco de una rueda de prensa programada tras la reunión del Consejo de Gobierno en el Palacio de San Esteban.

Ortuño destacó que este nuevo modelo cuenta con el respaldo de organismos tanto nacionales como internacionales, y además ha indicado que el Ministerio de Infancia y Juventud está en proceso de crear un decreto alineado con esta visión. Es fundamental para el Gobierno preservar la intimidad y los derechos de estos menores, y asegurar que continúen recibiendo el mismo nivel de protección y atención que han tenido hasta el momento.

Asimismo, reiteró que la Consejería de Política Social actúa con un enfoque centrado en los derechos y el bienestar de los menores, lo cual considera un compromiso ineludible de la administración regional.