El 25 de octubre, la comunidad de Murcia ha dado un importante paso hacia la modernización de su política de desarrollo urbano al establecer el Panel de Impulso Urbanístico (PIU). Este nuevo organismo se ha creado con el objetivo de acelerar la planificación y la construcción de viviendas asequibles, buscando eliminar los obstáculos que a menudo demoran la aprobación de proyectos residenciales.

Desde el Gobierno de Fernando López Miras, se ha enfatizado que el PIU fortalecerá la colaboración entre diferentes administraciones, ofreciendo así a los ayuntamientos las herramientas necesarias para avanzar en sus iniciativas de desarrollo urbano, cruciales en el contexto actual de crisis habitacional.

El PIU es mencionado junto con la nueva figura de Vivienda Asequible en la Región, ambas consideradas iniciativas pioneras a nivel nacional dentro del Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y planificación urbanística, que busca abordar de forma inmediata las dificultades que enfrentan jóvenes y familias de ingresos medios para acceder a una vivienda digna.

Actuando como una comisión intersectorial ejecutiva, el Panel tendrá la responsabilidad de coordinar la elaboración de informes sectoriales que son esenciales para la aprobación de planes urbanísticos, facilitando con ello la transformación de terrenos para la construcción de nuevas viviendas.

Los representantes del Gobierno regional han destacado la importancia del PIU como un avance significativo para hacer más efectivos los trámites administrativos en el ámbito del urbanismo, subrayando su intención de evitar que proyectos de vivienda queden estancados debido a situaciones burocráticas prolongadas o a informes contradictorios entre las distintas administraciones.

El objetivo principal del Panel es resolver cualquier desacuerdo o parálisis administrativa que pueda retrasar la tramitación de los planes urbanísticos, funcionando como un mecanismo de cooperación y apoyo, activándose a solicitud del ayuntamiento que proponga el proyecto en cuestión.

Este organismo se encargará de acelerar la elaboración de los informes sectoriales y se asegurará de que se cumplan los plazos establecidos, ofreciendo también asesoría técnica a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras para establecer criterios comunes que faciliten la resolución de conflictos.

Gracias a su intervención, el Panel podrá emitir informes de coordinación que serán determinantes para desbloquear la tramitación de proyectos urbanísticos que se encuentren detenidos.

El PIU estará compuesto por representantes de varias consejerías de la administración regional, así como también de la Administración General del Estado y del municipio que solicite su intervención.

Además de estas iniciativas para agilizar la tramitación urbana, el Decreto Ley incluye reformas estructurales, como la compatibilidad de terrenos destinados a equipamientos con el uso de vivienda protegida (excepto para fines educativos y sanitarios), y la flexibilización de los planes urbanísticos para permitir una tramitación más efectiva.

El decreto también incorpora medidas temporales que permiten transformar oficinas o locales vacíos en viviendas, introduciendo incentivos como un incremento de hasta el 50% en la edificabilidad y estableciendo condiciones que mejoren la viabilidad de proyectos de construcción en edificios o urbanizaciones que han permanecido paralizados. Tales medidas tendrán un plazo de dos años para ser solicitadas y tres años adicionales para ser ejecutadas.

El texto legal también impone la tramitación urgente de todos los procedimientos relacionados con el nuevo modelo de vivienda asequible, lo que facilitará una notable reducción de los plazos administrativos tanto a nivel autonómico como municipal.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha destacado que solucionar el problema del acceso a la vivienda requiere un enfoque multifacético, y ha afirmado que el nuevo decreto, diseñado en colaboración con diversos actores del sector, busca proporcionar respuestas inmediatas a las necesidades de los ciudadanos y aumentar la oferta de viviendas a precios accesibles.

Como parte de la implementación de estas medidas, el Gobierno regional ha desarrollado un inventario inédito de los terrenos municipales disponibles para fomentar el modelo de Vivienda Asequible, con la intención de revitalizar espacios públicos en desuso para destinarlos a la construcción de vivienda protegida para jóvenes y familias de ingresos medios.

Con estos cambios, se podrían solicitar automáticamente licencias para edificar 2.108 viviendas asequibles en terrenos urbanos, con el potencial de aumentar hasta 3.162 viviendas gracias a un incremento del 50% en la edificabilidad, una clara indicación del impacto positivo que puede tener esta estrategia.

Este nuevo documento incluye una lista de 153 terrenos municipales repartidos en aproximadamente treinta ayuntamientos, con una mezcla de 93 de carácter urbano y 60 urbanizables, todos listos para ser activados de inmediato tras la aprobación de la norma, lo que promoverá la construcción de viviendas asequibles de forma más rápida y eficiente gracias a la declaración de urgencia.

El consejero García Montoro ha mencionado que este inventario es una herramienta dinámica, mantenida constantemente actualizada con la información que los diferentes ayuntamientos le proporcionen, lo que permitirá ajustar la oferta y la demanda de manera más efectiva.

Entre las propuestas de gestión que se sugieren a los ayuntamientos para reactivar estos terrenos, se incluyen opciones como la permuta por construcción futura y el derecho de superficie, lo que permitirá mantener la titularidad pública de los suelos mientras se promueven viviendas protegidas en régimen de alquiler.

José Hernández, presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), ha expresado su conformidad con el nuevo modelo de vivienda, señalando que la organización ha contribuido con ideas al proceso participativo promovido por el Gobierno regional junto con otras asociaciones del sector.

Finalmente, representantes de la Asociación de Promotores de la Región (APIRM) han manifestado su apoyo al decreto, aunque han resaltado la necesidad de ajustar los precios máximos de las viviendas protegidas y de implementar ayudas específicas para aquellos colectivos con más dificultades para acceder a la vivienda, particularmente jóvenes y familias en situación económica vulnerable.