Murcia, 9 de febrero. El presidente del Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia, Alfonso Hernández Quereda, ha propuesto un cambio significativo en el manejo de las incapacidades temporales provocadas por accidentes. Su idea es que las mutuas asuman un papel más activo en la gestión de estos casos, lo que, según él, podría acelerar los tratamientos y reducir significativamente la duración de las bajas, especialmente en el ámbito de la traumatología, donde estima que podrían disminuir en un 50%.

Esta sugerencia surge a raíz de cifras preocupantes publicadas por Umivale, que muestran que Murcia lidera el ranking nacional de absentismo laboral con un 9,2% durante el tercer trimestre de 2025, superando ampliamente la media nacional que se sitúa en el 6,2%. Los sectores más afectados son la industria (6,2%), los servicios (5,7%) y la construcción (5,2%). Las principales causas de este absentismo son las obligaciones familiares, las enfermedades y lesiones, y los problemas de salud mental, que representan un 41%, 29% y 20% respectivamente.

Hernández Quereda ha comentado que hay un “defecto de control y gestión” en la evaluación de la incapacidad temporal y su duración. Subrayó que tener una enfermedad no necesariamente impide desempeñar un trabajo, y que, incluso con tratamiento, muchas personas pueden seguir siendo activas en sus labores. Resaltó la problemática que surge cuando los médicos de atención primaria emiten bajas sin la consulta previa con especialistas, quienes son los más capacitados para determinar la capacidad laboral de un individuo en función de su patología.

El presidente del colegio también ha mencionado las listas de espera en el sistema de salud. Estas demoras en el acceso a pruebas diagnósticas provocan que la duración de las incapacidades temporales se extienda más de lo deseable, con casos en que bajas inicialmente previstas para 15 días se alargan a tres o cuatro meses debido a una gestión ineficiente y falta de seguimiento.

Además, ha expresado que los médicos de atención primaria están bajo una gran presión y que muchos de ellos consideran que no es parte de su función tener que justificar decisiones sobre bajas con los asegurados. Por ello, argumentó que sería beneficioso establecer un "modelo intermedio" que involucre a las mutuas en el proceso de evaluación de las incapacidades temporales.

Hernández Quereda ha indicado que, aunque las mutuas son entidades legítimas para manejar las prestaciones económicas en situaciones de incapacidad temporal, actualmente no tienen control sobre los aspectos sanitarios ni médicos de estos casos, lo que representa un vacío que necesita ser abordado.

El impacto del absentismo laboral es preocupante, especialmente para pequeñas y medianas empresas, así como para autónomos. Se estima que este fenómeno genera un deslizamiento económico de alrededor de 958 millones de euros al año, lo que equivale al 2% del PIB regional.

El presidente del Colegio de Graduados Sociales también se ha referido al creciente número de bajas relacionadas con problemas de salud mental, describiéndolas como “la estrella” de este fenómeno. Explicó que resulta complicado objetivar estas condiciones, ya que no hay pruebas físicas que las evidencien, y muchas veces son difíciles de distinguir en el diagnóstico.

Finalmente, subrayó que la espera para acceder a un especialista en salud mental implica demoras de entre dos y tres meses, y sumando las sesiones de tratamiento, algunas bajas pueden extenderse hasta el límite máximo de 540 días por incapacidad temporal, lo que resulta en una situación claramente insostenible.