Murcia, 10 de octubre. La Región de Murcia se encuentra en medio de una emergencia provocada por la DANA Alice, que ha ocasionado serias inundaciones y problemas en varios municipios del Campo de Cartagena. En este crítico escenario, Izquierda Unida-Verdes ha alzado la voz en contra de la alarmante situación del servicio de Atención de Llamadas del '1-1-2'. Según la formación política, la saturación y la falta de recursos destacan el fracaso del modelo de privatización implementado por el Gobierno de López Miras.

Izquierda Unida compara la respuesta del Ejecutivo murciano con la del PP en la Comunidad Valenciana, donde el desbordamiento del sistema de emergencias ha sido un reflejo de los recortes y la externalización de servicios esenciales. Este panorama se agrava aún más con las lluvias torrenciales que golpean a la región.

Desde IU-Verdes, se subraya que la crisis del '1-1-2' no es un problema aislado; es consecuencia de un modelo de gestión ineficaz y mercantilizado. Denuncias recientes de las coordinadoras del servicio apuntan a que la empresa concesionaria, Ilunion Emergencias (Grupo ONCE), ha manifestado su intención de no renovar el contrato que culmina el 14 de noviembre.

La formación ha demandado al Gobierno regional la reinternalización del servicio y la contratación directa de personal, advirtiendo que el modelo externalizado ha demostrado su ineficacia y compromete seriamente la atención a la ciudadanía ante emergencias.

Penélope Luna, coordinadora regional de IU-Verdes, expresó que los informes internos del '1-1-2' revelan un "deterioro real" en la calidad del servicio. En septiembre se registraron más de 102,000 llamadas, pero 1,023 de ellas quedaron sin respuesta, lo que supera el límite contractual de llamadas perdidas.

"Estamos hablando de un servicio esencial que se ocupa de emergencias sanitarias, incendios y accidentes", comentó Luna. "El '1-1-2' está al borde del colapso debido a un modelo privatizado que trata la atención al ciudadano como si fuera un call center. No se pueden poner en manos de intereses privados servicios que salvan vidas", añadió.

También puso de relieve que actualmente solo hay un coordinador por turno en el servicio, cuando el volumen de llamadas debería requerir al menos dos, lo que obliga a los trabajadores a prescindir de sus descansos reglamentarios debido a una carga excesiva de trabajo.

Según Luna, lo que ocurre en el '1-1-2' no es un problema de índole puntual, sino el resultado de años de recortes y falta de previsión. "Desde Izquierda Unida exigimos una gestión pública directa del servicio, con personal suficiente y condiciones laborales adecuadas", concluyó.

José Luis Álvarez-Castellanos, diputado regional de IU-Verdes, apuntó directamente al Gobierno de López Miras por el deterioro del sistema de emergencias, describiéndolo como una consecuencia clara de la política de privatizaciones del Partido Popular.

Según él, "el '1-1-2' está en crisis por la privatización", ya que el contrato firmado con Ilunion, por un valor cercano a los siete millones de euros, no ha permitido garantizar condiciones laborales dignas ni una atención de calidad a la ciudadanía.

Asimismo, destacó que la decisión de la empresa de no continuar con el contrato refleja que este modelo está agotado; cuando un servicio tan crítico se basa en el beneficio privado, la calidad y la seguridad se ven comprometidas.

Álvarez-Castellanos exigió al Ejecutivo regional que garantice la continuidad del servicio sin comprometer su calidad y que restablezca la figura del segundo coordinador por turno, eliminada recientemente. Además, instó a iniciar un plan de reinternalización progresiva para devolver el control público del '1-1-2'.

"Las emergencias no pueden depender de la rentabilidad de una empresa. Es hora de que el '1-1-2' vuelva a ser un servicio público confiable y al servicio de la ciudadanía", enfatizó el diputado.

Izquierda Unida-Verdes también remarcó que la gestión privada no solo afecta la atención a la ciudadanía, sino que deteriora las condiciones laborales de quienes operan en el '1-1-2', expuestos a jornadas sin pausas y a altos niveles de estrés.

"No habrá calidad en la atención sin dignidad laboral", afirmó Penélope Luna, recordando que la administración regional debe elegir entre continuar con la externalización o asegurar un servicio público eficaz y humano en beneficio de la ciudadanía.