La Fiscalía ha presentado acusaciones que suman un total de 8 años y 6 meses de prisión, además de solicitar hasta 18 años de inhabilitación para ocupar puestos en el ámbito público, en un caso que involucra a altos funcionarios de Calasparra.

Este martes, el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz ha hecho pública una resolución en la que se ordena la apertura de juicio oral contra José Vélez, quien desempeñó el cargo de alcalde de Calasparra entre 2017 y 2019, por delitos que incluyen prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad en documentos, en relación con la organización de las festividades taurinas durante la Feria Taurina del Arroz, en conjunto con los encierros matutinos que organiza el Consistorio durante las celebraciones patronales.

No se debe olvidar que Vélez dejó su cargo como alcalde para asumir el rol de delegado del Gobierno en la Región de Murcia en 2020, puesto que ocupó hasta 2023. Desde 2021, también mantiene la posición de secretario general del PSOE en la Región.

Además de Vélez, el juez ha ordenado que se inicie un juicio oral contra dos concejales responsables de Festejos durante el tiempo en que se desarrollaron los hechos, Jordi Arce Corbalán y Antonio José Merino Moreno, así como el administrador de una empresa implicada en el asunto, según lo informado por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en su comunicado.

Una vez concluida la investigación en septiembre pasado, el Ministerio Público presentó un escrito de acusación que abarca los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Las penas solicitadas incluyen un total de 8 años y 6 meses de prisión para el exalcalde y los dos exconcejales, así como hasta 18 años de inhabilitación para ejercer funciones en el ámbito público.

Las acusaciones, tanto la pública como la popular, también han especificado sanciones adicionales. En particular, la acusación popular ha solicitado 12 años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa continuada y 20 años de inhabilitación absoluta por el delito continuado de malversación de fondos públicos, junto a 8 años de prisión.

Ambas partes han demandado, además, una indemnización que el Ayuntamiento de Calasparra debe pagar en conjunto y de forma solidaria por los daños ocasionados. La acusación pública fija el monto en 249.630 euros, mientras que la acusación popular eleva la cantidad a 367.096 euros.

De acuerdo con el auto judicial, que es firme y no admite recurso, la investigación se centró en los aspectos legales entre el Ayuntamiento y la empresa contratada para la gestión de los encierros matutinos, así como la relación con las reses utilizadas en los festejos taurinos que tienen lugar por la tarde.

Se ha revelado que el Consistorio de Calasparra utilizó fondos públicos para cubrir ciertos gastos, beneficiando directa o indirectamente al empresario bajo investigación. Estos gastos incluyen pagos a una empresa por facturas que no estaban debidamente justificadas, que no fueron solicitadas por el Ayuntamiento, y desembolsos que deberían corresponder a la Feria Taurina del Arroz, un evento privado, así como gastos relacionados con la plaza de toros, que es de propiedad privada, tal como se expone en el auto que concluyó la investigación.

El auto aclara que "el gasto real realizado por el Ayuntamiento para la cesión de las ganaderías para los encierros superó notablemente los precios establecidos en los convenios de 2017 y 2018, así como en el contrato menor de 2019." Asimismo, se determina que la Audiencia Provincial de Murcia es el órgano encargado de llevar a cabo el juicio y la decisión final sobre este procedimiento.