En una decisión que ha captado la atención de la opinión pública, el titular del juzgado de Instrucción número 2 de San Javier dio a conocer este lunes la apertura de juicio oral en contra de 15 individuos, quienes enfrentan serias acusaciones que incluyen asociación ilícita, negociaciones prohibidas, cohecho, falsedad en documento público, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales. Estas imputaciones están relacionadas con la concesión de proyectos urbanísticos y parcelas municipales, un caso que ha sido seguido de cerca por la comunidad y que ha sido informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

La fase de investigación ha llegado a su fin y el fiscal ha presentado un escrito de acusación donde solicita penas que ascienden a 20 años de prisión para el principal acusado, M.A.F. Además, la acusación busca imponer una multa superior a 800.000 euros y un tiempo de inhabilitación absoluta de hasta 27 años. Tanto la acusación popular como la que representa al Ayuntamiento de Los Alcázares se adhieren a estas demandas, evidenciando el impacto de este caso en la administración local.

Las implicaciones de este caso son amplias, ya que las acusaciones también apuntan al exalcalde J.E.S., así como a varios empresarios y personas cercanas a los funcionarios involucrados. Cada una de las tres partes acusadoras reclama también la responsabilidad civil derivada de los delitos, destacando que, en el caso de la acusación pública, se exige una indemnización al Ayuntamiento de Los Alcázares que alcanza la suma de 3,7 millones de euros, una cifra que ilustra la gravedad de las acusaciones.

Asimismo, el auto judicial estipula que la empresa Garcerán Construcciones SL y sus dos responsables deben proporcionar una fianza que totaliza 4,9 millones de euros. En esta carga financiera, M.A.F. debe responder solidariamente, mientras que el exalcalde J.E.S. y A.M.Z. están obligados a aportar hasta 246.495 euros. Adicionalmente, se establece una fianza de 1,3 millones de euros para J.I. A.F., I.C.E., además de las mercantiles Dorma Golf SL e Ilka Baley SL, todo ello con el fin de asegurar las responsabilidades económicas que puedan derivarse de este caso. Según la Ley de Enjuiciamiento, si no se presenta la fianza, se procederá al embargo de sus bienes en cantidades suficientes.

El juez también ha decidido mantener la obligación de comparecer ante el juzgado para los acusados J.I.A.F., J.A.R.N., V.G.R., F.J.G.G., M.A.F. y J.E.S. Sin embargo, dado que no ha ocurrido ningún incumplimiento de esta medida cautelar, el juez ha decidido espaciar las comparecencias de dos veces al mes a una cada dos meses, reflejando una posible confianza progresiva en el cumplimiento de las normativas por parte de los acusados.

De acuerdo con la solicitud de las penas planteadas por las acusaciones, el auto señala a la Audiencia Provincial de Murcia como el órgano adecuado para llevar a cabo el juicio y dictar un veredicto en este proceso. Esta designación es crucial en la asignación de responsabilidades y juicios futuros.

Por último, se determina el levantamiento de las medidas civiles respecto a aquellos acusados que no están sujetos a responsabilidad civil. Una vez que se reciban las actuaciones, los acusados tendrán un plazo de 10 días para presentar su acuerdo o desacuerdo con la acusación, así como para proponer las pruebas que deseen utilizar en su defensa. Es importante señalar que contra este auto no caben recursos, lo que indica la firmeza del proceso judicial que se avecina.