La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales de la Asamblea Regional de Murcia ha tomado una decisión clave este lunes al aprobar que el órgano se presente ante el Tribunal Constitucional para plantear observaciones respecto a los recursos de inconstitucionalidad que han sido interpuestos contra la Ley 2/2025, que modifica la Ley 5/2017 sobre la Participación Institucional de las organizaciones más representativas en la región.

La iniciativa, promovida por el diputado de Vox, Rubén Martínez, busca introducir la postura de la Asamblea en estos recursos judiciales y ha designado a los servicios jurídicos de la Cámara para que se encarguen de dicha representación. En última instancia, será la letrada de la Comisión quien asuma esta responsabilidad.

Martínez afirmó que esta ley fue originada a partir de un planteamiento de Vox y destacó que se respetaron todos los procedimientos normativos durante su aprobación, lo que asegura los derechos de todos los grupos parlamentarios y de la ciudadanía murciana. En su justificación, la ponencia af firmó que este asunto tiene un impacto directo sobre las competencias autonómicas.

El diputado enfatizó la importancia de participar de manera activa en este proceso, ya que la normativa en cuestión implica competencias que son de la responsabilidad de la comunidad autónoma. "Es necesario garantizar que la legislación local se alinee con los principios jurídicos vigentes en España, defendiendo así los valores y principios que orientan la actividad de la Asamblea Regional", añadió, reafirmando el compromiso con la Constitución y con los derechos de los murcianos.

En su informe, se mencionó que la libertad de configuración normativa del legislador autonómico está expresamente respaldada por artículos de la Constitución Española. Además, Martínez enfatizó que la Carta Magna no contempla la financiación pública como un derecho fundamental de la libertad sindical.

El diputado también argumentó que la ley en debate no elimina la participación institucional, y subrayó que el diálogo institucional a nivel autonómico es un ejercicio legítimo de las competencias de la Asamblea. A su juicio, la normativa no menoscaba la esencia de la libertad sindical, ni contraviene principios de igualdad ni las normativas sobre mayor representatividad en el ámbito laboral.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular se limitó a señalar que, como ya habían manifestado anteriormente, apoyarían el informe de la ponencia. Sin embargo, el Grupo Socialista se opuso rotundamente, defendiendo los derechos laborales y la participación de los sindicatos en el proceso legislativo. Aseguraron que su voto en contra se basa en la falta de un informe jurídico sólido que respalde la legislación propuesta.

Desde el Grupo Mixto, también se rechazó la propuesta, crítica hacia lo que consideraron una confusión en torno al tipo de ayudas económicas y su relación con la legislación laboral. Su portavoz argumentó que plantear un régimen competitivo sobre estas ayudas es inapropiado en el contexto de un diálogo social que debería ser inclusivo, no competitivo.

El Grupo Mixto hizo hincapié en la importancia de proteger a las organizaciones sindicales que representan los intereses de los trabajadores y advirtieron que están convencidos de que el recurso ante el Tribunal Constitucional tendrá éxito. Finalmente, después de que los grupos expresaran sus posturas, la Comisión aprobó la personación de la Asamblea, delegando la representación legal en la letrada de esta instancia.