La reciente sesión de la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional ha marcado un punto de inflexión en la atención sanitaria de la Región, ya que se ha aprobado una crucial iniciativa presentada por el PSOE, respaldada por VOX y Podemos, que busca abordar la alarmante escasez de especialistas en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla.

Entre los reclamos del PSOE se destaca la urgencia de corregir las "desigualdades en la prestación de servicios sanitarios" que afectan a los ciudadanos del Área V de Salud. Se hace un llamado hacia la necesidad de realizar las previsiones necesarias para rectificar la falta de especialistas en cruciales áreas como Medicina Interna, Neurología, Neumología, Radiología Clínica, Urología, Dermatología y Otorrinolaringología en el mencionado hospital.

La diputada socialista Virginia Lopo ha enfatizado la problemática en el Área de Salud V, donde se ha intensificado la escasez de médicos y enfermeras, particularmente en Atención Primaria, y ha resaltado que esta situación ha dado lugar a un aumento de las listas de espera y derivaciones a otros hospitales de la región. Esta situación es especialmente crítica en el área de Urgencias, donde pacientes de Yecla y Jumilla enfrentan dificultades para acceder a pruebas diagnósticas fundamentales.

Desde el lado de VOX, la diputada María Eugenia Sánchez ha reconocido la gravedad de la situación en el Altiplano, subrayando que aún está lejos de alcanzarse una "igualdad real y efectiva" en los servicios sanitarios dentro de la región.

Por su parte, la diputada de Podemos, María Marín, ha denunciado que las cifras que se presentan sobre estadísticas de listas de espera están siendo manipuladas por el consejero y el presidente López Miras, acusando al PP de desmantelar hospitales, incluyendo el Virgen del Castillo, lo que agrava aún más el problema.

La respuesta del Partido Popular, a través de la diputada Mari Carmen Ruiz, ha sido criticar al PSOE por intentar ocultar un problema que, según ella, afecta a todas las comunidades autónomas en el país. Ruiz ha calificado la escasez de especialistas como un "problema estructural" que exige atención y acción por parte del gobierno nacional.

Adicionalmente, la Comisión adoptó una iniciativa impulsada por el PP, con la colaboración de Podemos, que demanda al gobierno nacional la regulación de la información relacionada con medicamentos que se difunde en redes sociales. VOX y el PSOE se manifestaron en contra de esta moción, que propone limitar y cerrar cuentas que promuevan medicamentos de manera irresponsable.

En defensa de la propuesta, la diputada del PP María Luisa Ramón ha afirmado que la intención no es restringir la libertad de expresión, sino priorizar la salud pública. Ha enfatizado la necesidad de desarrollar campañas que ofrezcan información clara sobre el uso responsable de medicamentos y la importancia de consultar a un profesional de salud antes de tomar cualquier medicamento, mostrando así una clara preocupación por la automedicación.

Desde VOX, María José Ruiz ha criticado al PP por abordar este asunto cuatro años después de que se detectara el incremento de Youtubers que recomiendan medicamentos. Aun así, ha considerado que la moción es necesaria para establecer un mecanismo de control, aunque ha recordado que ya existe legislación que prohíbe la publicidad de medicamentos que requieren receta médica.

La diputada socialista Virginia Lopo ha sostenido que las competencias en materia de sanidad están en manos del gobierno regional y que la legislación actual ya regula la publicidad de medicamentos.

Mientras tanto, la diputada de Podemos, María Marín, aunque reconoce los riesgos asociados con las redes sociales, ha apuntado también a los profesionales que utilizan estas plataformas para la divulgación científica, proponiendo que se apliquen las leyes existentes para sancionar la difusión de información engañosa sobre medicamentos.

Además, la Comisión ha dado luz verde a otra iniciativa de VOX, respaldada por PSOE y Podemos, que busca establecer protocolos específicos para el uso adecuado de benzodiacepinas. La diputada María José Ruiz reveló que informes y estadísticas prevén un aumento constante en el consumo de ansiolíticos en el país, donde el consumo de benzodiacepinas ha superado el 50% en la última década, posicionando a España como líder en Europa en este ámbito.

La diputada socialista María Soledad Sánchez ha apoyado esta iniciativa, argumentando que es necesario que el protocolo no se quede en una mera herramienta, sino que sea realmente funcional para los profesionales de la salud.

La diputada de Podemos, María Marín, ha considerado que es alarmante que el aumento del consumo de estas sustancias esté afectando especialmente a los jóvenes. Además, ha señalado que cualquier protocolo debe fundamentarse en motivos claros y rubricados por la realidad, sugiriendo que la saturación del sistema sanitario podría ser un factor crítico en este incremento.

Antonio Martínez, del PP, ha añadido que este crecimiento en el uso de benzodiacepinas podría estar relacionado con la escasez de recursos para enfrentar problemas cotidianos y estresantes. Martínez también ha mencionado que, tras la pandemia, se ha dado un impulso a un programa de atención enfocado en pacientes de mayor edad y ha indicado que ya se están tomando medidas para integrar psicólogos clínicos en Atención Primaria.

Sin embargo, la Comisión ha votado en contra de una propuesta de Podemos que buscaba preemptar la violencia vicaria contra menores en la Región, una decisión que ha sido cuestionada dado que, hasta agosto de este año, 10 menores han sido asesinados a manos de sus padres. La diputada de Podemos ha señalado que en el sistema VioGen del Ministerio del Interior, hay 1.431 menores potencialmente expuestos a la violencia, 102 de los cuales se encuentran en la Región de Murcia.

A pesar de ello, la diputada del PP, María Luisa Ramón, tiene conocimiento de las consecuencias que implica para los menores vivir en entornos de violencia de género y ha destacado las iniciativas de la Consejería de Política Social, tales como el punto de Encuentro Familiar especializado en este tipo de violencia, que atendió a 78 menores el año pasado.

La Comisión culminó rechazando una propuesta del PP que solicitaba al Gobierno nacional la creación de un Plan de Lucha contra la Obesidad, argumentando que ya existe un plan vigente en relación a este tema. Esta decisión ratifica la necesidad de un diálogo permanente sobre la salud pública y las estrategias para abordarla de manera efectiva.