En una jugada clave hacia la modernización administrativa, la Asamblea Regional ha dado su visto bueno este jueves al Decreto Ley 1/2025, de 5 de junio, que busca simplificar los procedimientos en la administración pública.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, enfatizó durante su intervención que esta nueva legislación tiene como principal objetivo facilitar la vida a emprendedores e inversores, subrayando que se convierte en un aliado en lugar de un obstáculo en el desarrollo económico. Según ha indicado el gobierno regional en un comunicado, esta ley está diseñada para fortalecer la seguridad jurídica y promover un entorno más dinámico para la creación de empleo.

A pesar de que ya está en vigor, la ley seguirá su curso legislativo a solicitud de varios grupos parlamentarios, introduciendo importantes cambios. Entre ellos, destaca la instauración del silencio administrativo positivo, la ampliación de actividades que se podrán iniciar mediante declaración responsable, y una significativa reducción de la carga documental, eliminando más de un millón de documentos. Estas medidas permitirán que los informes o certificados de técnicos homologados sean presentados directamente a la administración para acelerar los trámites, manteniendo al mismo tiempo el control público necesario.

Además, se incluye una licencia básica que dará respuesta en un mes a la viabilidad urbanística de proyectos de edificios de viviendas, un paso crucial para facilitar el acceso a financiamiento y dar comienzo a la construcción, acortando así los plazos en la edificación en la Región.

La normativa también abre la puerta a la posibilidad de establecer hoteles en terrenos residenciales y clasificar suelo industrial como especial, aprovechando instrumentos flexibles que permitirán una mejor organización del suelo industrial disponible.

López Aragón destacó que esta iniciativa legislativa tiene un impacto palpable en la competitividad de la región, señalando que ya se han movilizado más de 800 millones de euros gracias a medidas similares que ahora se consolidan y amplían. "No se trata de una promesa, sino de resultados concretos", afirmó la consejera.

Finalmente, defendió que "simplificar no implica desproteger". Aseguró que el control se mantiene y se refuerza, con sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros, enfatizando que esta ley está destinada a eliminar obstáculos innecesarios sin sacrificar garantías. “Es una ley pensada para los ciudadanos, para aquellos que generan empleo, innovan y construyen el futuro de nuestra tierra”, concluyó López Aragón.