La reciente sesión plenaria de la Asamblea Regional ha dado un giro significativo al aprobar una moción presentada por Vox, la cual solicita al Gobierno de la Nación la realización de obras hidráulicas en las presas de laminación de Nogalte, Béjar y La Torrecilla, así como el canal de Biznaga. Esta movilización se ha votado por separado por distintos apartados, siendo especialmente polémico el rechazo a la Agenda 2030, que ha quedado excluido de la resolución.

El diputado Ignacio Arcas, representante de Vox, expresó preocupaciones sobre la seguridad del Valle del Guadalentín, destacando su vulnerabilidad ante intensas lluvias, recordando la devastadora riada de 2012. Arcas afirmó que "cada día que pasa" sin la ejecución de estas obras representa un día perdido en la lucha contra riesgos cíclicos que amenazan a la población.

Desde el Partido Popular, Mari Carmen Ruiz subrayó la urgencia de estas obras, argumentando que Lorca y Puerto Lumbreras "no pueden seguir esperando". Enfatizó que, casi catorce años después de la catástrofe de 2012, la región carece de las infraestructuras necesarias para prevenir inundaciones y demandó acciones de limpieza en los cauces de los ríos, así como la implementación del plan de gestión de riesgos de inundaciones.

La portavoz del PSOE, María Soledad Sánchez, recordó que el enfoque hacia esta problemática debe ser respetuoso con las víctimas del pasado y sugiere que las soluciones deben ser multidimensionales. Por su parte, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, María Marín, recordó que en 2020, la Asamblea aprobó la construcción de estas presas por unanimidad y se cuestionó qué medidas se han tomado desde entonces para avanzar en el proyecto.

Marín también criticó la intención de vincular los riesgos de inundaciones con la Agenda 2030, apuntando que fenómenos climáticos extremos, como la Dana en Valencia, están relacionados con el calentamiento global, un factor que se está intensificando y que requiere mayor atención en la planificación y ejecución de obras públicas.

En otro ámbito, la Asamblea también dio luz verde, con el respaldo de PP y Vox, a una moción que pide al Gobierno central reforzar la seguridad en el sector ferroviario y exigir la dimisión del ministro de Transportes tras el trágico accidente de Adamuz en Córdoba, aunque hubo oposición de PSOE y el Grupo Mixto. José Ángel Antelo, portavoz de Vox, acusó al Gobierno de ineptitud en la gestión de la seguridad ferroviaria.

El socialista Alfonso Martínez, en defensa del Ejecutivo, aseguró que se han anunciado incrementos en la inversión para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, y acusó a la oposición de propagar desinformación. María Marín pidió prudencia antes de instaurar juicios o demandas de dimisiones, sugiriendo que es fundamental conocer las causas del accidente antes de tomar decisiones precipitadas.

La Asamblea también aprobó una moción del PP en contra de un acuerdo entre España y Marruecos que implica financiar infraestructuras hidráulicas al sur del país, con el apoyo de Vox y el desacuerdo del PSOE y el Grupo Mixto. Jesús Cano, del PP, habló de un "castigo" para el sureste español, mientras que Fernando Moreno, del PSOE, acusó a la oposición de generar miedo entre la población. José Luis Álvarez-Castellanos, de Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, cuestionó la falta de detalles sobre los trasvases y centró su crítica en las implicaciones para el Sáhara Occidental.

Además, se aprobó una moción del PP instando al Gobierno a regenerar las playas de San Javier, afectadas por la Dana de octubre de 2025, con el apoyo de PP, PSOE y Vox, pero la oposición del Grupo Mixto. Carlos Albaladejo, del PP, habló de la "dejación" de la Demarcación de Costas mientras que Manuel Sevilla, del PSOE, defendió que Costas no se ha negado a actuar y abogó por disminuir la tensión para llegar a soluciones efectivas.

En un tema social, se discutió una propuesta del PSOE para ampliar el servicio de comedor escolar a todas las escuelas de la Región y asegurar que las becas lleguen a las familias que las requieren. Juan Andrés Torres, del PSOE, criticó que en una región con un 44% de pobreza infantil, solo el 1,9% de las familias han recibido estas ayudas, cuestionando la efectividad de los requisitos establecidos por el Gobierno regional.

Por otro lado, la propuesta del Grupo Mixto para declarar la Región como "Región Acogedora" fue rechazada por PP y Vox. José Luis Álvarez-Castellanos señaló un "discurso xenófobo" en la oposición, mientras que Mari Carmen Pelegrín, del PP, descalificó la iniciativa como una "campaña de marketing". Lola Jara, del PSOE, defendió que acoger a menores migrantes es tanto una "obligación legal" como un "deber humanitario", mientras que Vox continuó atacando el sistema de tutela vigente para menores extranjeros.