24h Murcia.

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La comunidad evalúa cómo el aumento de los caudales ecológicos en el río Tajo afectará a los envíos a través del trasvase.

La comunidad evalúa cómo el aumento de los caudales ecológicos en el río Tajo afectará a los envíos a través del trasvase.

MURCIA, 4 Dic. - El Gobierno regional busca la unidad en torno a la modificación de las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura que está preparando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), según han confirmado fuentes de la Comunidad en un comunicado de prensa.

"Queremos comprender las cifras reales y las consecuencias que tendrá el plan de Tajo en los envíos del Tajo al Levante", afirmó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, quien también preside el Consejo Asesor Regional del Agua (CARA), un órgano consultivo en el que participan la comunidad científica, la sociedad civil, las organizaciones agrarias, los regantes y las instituciones.

"El Gobierno de Sánchez ya realizó modificaciones el año pasado sin escuchar a la Región y no queremos que vuelva a ocurrir lo mismo. Por eso, en este órgano se abrirá un debate que esperamos sea constructivo, para evaluar el impacto", aseguró Rubira.

Según datos del Ministerio, durante el pasado año hidrológico se trasvasaron 218 hectómetros cúbicos, y los embalses de Entrepeñas y Buendía estuvieron clasificados en Nivel 2 durante cuatro meses. De esa cantidad, 90 hectómetros cúbicos fueron destinados al abastecimiento y el resto al riego. La Cátedra del Tajo ha presentado una propuesta en la que se indica que, a partir de 2027, el caudal máximo trasvasable en Nivel 2 será de 11 hectómetros al mes.

"Si se imponen las propuestas de Castilla-La Mancha, en un año en el que solo se alcance el nivel 2, a partir de 2027 no se trasvasarían más de 132 hectómetros. Después de restar los caudales para el abastecimiento, los regadíos del Trasvase sólo contarían con 42 hectómetros para todo el año, y eso es algo que no permitiremos", denunció Rubira.

El director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, será el encargado de coordinar los trabajos para evaluar el impacto del Plan de Cuenca del río Tajo, y solicitará la participación de la Comunidad Valenciana y Andalucía en los mismos.