La comunidad exige al Gobierno que respete su promesa de financiar la mitad del sistema de dependencia.
El 24 de marzo en Murcia, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, dirigió un claro llamado al Gobierno de España, instando a que "asuma su responsabilidad y respete sus compromisos" en relación a la financiación del sistema de dependencia. Esta solicitud resalta la creciente urgencia de un sistema que enfrenta serias dificultades.
Durante su intervención ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Ruiz destacó un importante desacuerdo con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien había prometido que el Estado cubriría el 50% de los costos del sistema de dependencia. Sin embargo, la realidad actual es que su contribución apenas alcanza el 25%. Esta discrepancia genera inquietud sobre la seriedad del compromiso del Gobierno central.
La consejera enfatizó el notable esfuerzo del Ejecutivo murciano para fortalecer un sistema que está bajo presión constante debido al envejecimiento de la población y a un aumento incesante en la demanda de servicios, todo esto mientras lidia con una grave infrafinanciación. Esta situación pone de relieve la necesidad apremiante de un apoyo más sólido desde el Gobierno central.
Ruiz subrayó que la deuda acumulada por el Estado con la Región de Murcia desde 2018 asciende a más de 600 millones de euros, una suma considerable que podría haber permitido la creación de más de 4,700 plazas de atención residencial para personas mayores. Esto plantea interrogantes sobre la priorización de las necesidades sociales en la agenda política nacional.
En la actualidad, el coste medio por persona en situación de dependencia en la Comunidad asciende a 7,448 euros, de los cuales el Estado solo aporta 1,862 euros. Este modelo insuficiente contrasta con la normativa de Promoción de la Autonomía Personal, que estipula una financiación compartida entre la administración central y las comunidades autónomas.
Además, Ruiz destacó que el esfuerzo presupuestario llevado a cabo por el Gobierno murciano ha logrado reducir las listas de espera, ampliar las prestaciones y mejorar la calidad de la atención, a pesar del contexto adverso de infrafinanciación que implica una diferencia de más de 1,000 euros entre lo que recibe un ciudadano murciano y uno de la comunidad mejor financiada.
La consejera también hizo mención a la reciente propuesta del Gobierno central para reformar la Ley de Dependencia y Discapacidad sin una adecuada respaldo financiero, lo que añade más incertidumbre a un sistema ya debilitado.
En conclusión, Ruiz solicitó una "cooperación institucional" al Gobierno, instando a que no transfiera la carga de la responsabilidad a las comunidades autónomas, que actualmente asumen solas el aumento del gasto en dependencia. Este desafío se presenta en un contexto de presupuestos prorrogados y cifras congeladas que ignoran el aumento de los costos, lo que agrava aún más la situación.