El 27 de noviembre en Murcia, el presidente de la Región, Fernando López Miras, ha hecho un anuncio relevante para la gestión del agua en el territorio. En un encuentro sobre los retos del agua titulado 'Foro Horizonte 2027. Los desafíos del agua: la encrucijada del trasvase', López Miras comunicó que su Gobierno solicitará oficialmente información a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ante las irregularidades observadas en su manejo. Esta acción podría ser un paso previo a la posible presentación de demandas que busquen aclarar si estas irregularidades están afectando a los usuarios del trasvase Tajo-Segura.

El presidente declaró que la CHT ha estado involucrada en prácticas irregulares, las cuales ya han sido denunciadas por la Comunidad Valenciana, y corroboradas por los servicios jurídicos de su Gobierno. "Hasta ahora no nos han proporcionado la información que necesitamos, pero no nos quedaremos en silencio. Emitiremos un requerimiento formal", afirmó con determinación.

Esta decisión sigue a un informe elaborado por la Comunidad Valenciana que señala diversas irregularidades. Según este informe, se han detectado desembalses excesivos que supera lo necesario para garantizar el caudal ecológico, además de problemas en los envíos de agua y falta de transparencia y datos verificables, así como la ausencia de planes para evaluar estos caudales, cuya implementación es obligatoria desde el año 2024, según se destacó en un comunicado oficial.

El informe ha sido enviado a Sara Aagesen, ministra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), junto a una carta firmada por los consejeros de Agua de las regiones implicadas: Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana. Sin embargo, la falta de respuesta por parte del ministerio ha llevado a López Miras a solicitar formalmente información sobre las cuestiones irregulares identificadas en el informe.

Respecto a la delicada situación del trasvase Tajo-Segura, que enfrenta la posibilidad de una reducción del 50% en los caudales a partir de 2027, López Miras hizo un llamado a la unidad social y política en torno a este asunto crítico. “Estamos en un punto decisivo y necesitamos la colaboración de toda la sociedad y de los partidos políticos”, enfatizó el presidente regional.

Por otro lado, López Miras reafirmó el compromiso de su Gobierno con los regantes y la Región de Murcia. "Continuaremos implementando todas las acciones legales y políticas que sean necesarias", sostuvo, subrayando su apoyo incondicional a los intereses de la comunidad.

El presidente también recordó que no existe una alternativa viable al trasvase Tajo-Segura y destacó que la reducción de caudales prevista para 2027 podría coincidir con el cierre del 50% del acceso actual a aguas subterráneas. "Ya hemos solicitado por escrito al Ministerio una moratoria para evitar esta situación, ya que si se concreta, las alternativas son inexistentes”, precisó.

Asimismo, advirtió sobre las limitaciones de las desaladoras, señalando que, además de tener un coste elevado, su implementación técnica es complicada para abastecer las zonas interiores. “La desaladora de Torrevieja tardó doce años en funcionar después de su proyección", agregó, ilustrando los retos que enfrenta esta opción.

Para concluir, López Miras enfatizó que la decisión de recortar el trasvase "es una cuestión política más que técnica o científica". Según su perspectiva, el Ministerio no tiene fundamento legal suficiente para justificarse en las sentencias del Tribunal Supremo, ya que estas únicamente establecen competencias y no la adecuación de las medidas adoptadas.