Un ambicioso plan de acción ha sido puesto en marcha por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, destinado a hacer frente a la creciente plaga de procesionaria del pino en los montes públicos de la Región. Este esfuerzo se inicia de forma decidida esta semana, y se centra en un tratamiento aéreo que abarcará un total de 1.678 hectáreas en los municipios de Calasparra y Murcia.

El tratamiento contra la procesionaria del pino se llevará a cabo utilizando un insecticida biológico, específicamente formulado a partir de la bacteria Bacillus thuringiensis. Este producto ha sido registrado oficialmente en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y se ha diseñado de manera especial para su aplicación aérea, lo que implica el uso de un helicóptero dedicado a la fumigación.

El foco principal de estas iniciativas es combatir la plaga conocida como Thaumetopea pityocampa, que ha afectado durante años a los pinares de la Región, siendo especialmente prevalente en las áreas más soleadas de las repoblaciones forestales. Así lo han comunicado fuentes del Gobierno regional, que señalan la importancia de este movimiento en el contexto medioambiental actual.

Las condiciones climáticas, que se han caracterizado por sequías prolongadas y temperaturas inusualmente suaves para esta época del año, han favorecido la proliferación de esta plaga, lo que ha motivado a la Consejería a implementar este tratamiento fitosanitario emergente.

En el municipio de Calasparra, las intervenciones cubrirán más de 531 hectáreas de pinares, localizadas en los montes de utilidad pública números 3 y 4, situados en la Sierra del Molino y en la Sierra de la Serrata del Puerto. Esta acción busca no solo erradicar la procesionaria del pino, sino también atender a otros problemas ambientales relacionados.

Además del control de la procesionaria, el insecticida biológico utilizado en este tratamiento tiene la capacidad de gestionar y eliminar poblaciones de perforadores y muérdago, brindando así una solución más amplia a los problemas que amenazan los ecosistemas forestales. En Murcia, las labores de tratamiento se llevarán a cabo en 1.139 hectáreas que abarcan la finca municipal Majal Blanco, así como en los montes de utilidad pública del Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

En todas las áreas donde se ejecutarán estos tratamientos, se ha impuesto un estricto control sobre la circulación de personas. Los agentes medioambientales y la empresa encargada de llevar a cabo las labores, Tragsa, están implementando medidas para garantizar la seguridad de la población mientras se realizan estas necesarias intervenciones en todos los espacios afectados.