El pasado 2 de diciembre, la Universidad de Murcia (UMU) dio un paso significativo hacia el futuro al aprobar sus nuevos estatutos durante una sesión especial del Claustro, donde la votación finalizó con 203 votos a favor, 17 en contra y 14 abstenciones.

Este nuevo marco normativo responde a la Ley Orgánica 2/2023, también conocida como la Ley del Sistema Universitario (LOSU), que exige a las universidades públicas actualizar sus estatutos para adaptarse a la normativa vigente en un plazo de tres años a partir de su entrada en vigor, que tuvo lugar el 23 de marzo de este año.

El documento aprobado ahora será enviado a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, donde se procederá a su tramitación para la aprobación definitiva a través de un decreto del Consejo de Gobierno regional, y su consiguiente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Esta nueva normativa nace de una propuesta que el rector, José Luján, presentó en marzo. Aunque se centra en cumplir las exigencias de la LOSU, también busca integrar las contribuciones de los estatutos anteriores de 2004, asegurando una continuidad en la historia de la institución.

La propuesta experimentó una transformación significativa durante su discusión en el Claustro, donde se recibieron más de 500 enmiendas de los miembros, de las cuales más de dos tercios fueron finalmente incorporadas al documento final.

Uno de los logros más destacados de este nuevo conjunto de estatutos es la alineación de la normativa interna de la universidad con la ley orgánica vigente, garantizando así una autogestión que se adapte a un marco legal en constante evolución.

Asimismo, se acciónará una harmonía con un complejo ordenamiento que incluye leyes relacionadas con la Ciencia (modificada en 2022) y la Convivencia (2022), así como varios reales decretos sobre enseñanzas universitarias y la acreditación de centros educativos.

Desde la UMU subrayan que, en adelante, la normativa para futuras reformas estatutarias se desarrollará bajo el principio de flexibilidad, facilitando así ajustes que respondan a nuevas legislaciones cuando sea necesario, como en el caso de normativas relacionadas con el personal docente y el estudiantado.

Otro aspecto relevante incluye la postura de la universidad sobre temas actuales, reafirmando su compromiso no solo como proveedora de educación superior, sino como un actor implicado en la promoción del Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la conservación del medio ambiente.

Los nuevos estatutos también enfatizan el papel central del estudiantado en la vida universitaria, y garantizan la representación de estos a través de mecanismos de participación estudiantil más robustos.

Con respecto a su estructura organizativa, aunque la LOSU permitía innovaciones, la universidad ha decidido mantener el modelo tradicional basado en Facultades y Departamentos, mientras que el Claustro y el Consejo de Gobierno experimentan ciertas modificaciones para fomentar una mayor democratización y participación de toda la comunidad universitaria, incluidos el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

Además, se reconocen formalmente instancias como el Consejo de Estudiantes y la Escuela Internacional de Doctorado, así como un compromiso hacia la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas en la gestión de la universidad.

El propósito es también realzar la importancia de la internacionalización y la movilidad de los miembros de la comunidad universitaria, además de homogeneizar los estándares de calidad, cumpliendo así con las expectativas de la LOSU y la Ley de la Ciencia.

Por último, la nueva normativa ajusta la regulación de los Institutos de Investigación y establece directrices sobre investigación y transferencia del conocimiento, promoviendo una cultura de innovación en la UMU.