El Gobierno regional de Murcia ha expresado su preocupación y ha pedido al Gobierno central aclarar la obligación de que los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas externas coticen a la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2024. Además, han solicitado que la normativa proporcione recursos y seguridad jurídica, según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, ha enviado cartas a los ministros de Educación y Formación Profesional, de Universidades, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, expresando las contradicciones entre la Ley General de la Seguridad Social y la normativa que regula la Formación Profesional. Según Marín, la normativa actual no considera las estancias formativas de los alumnos en las empresas como prácticas.

Marín ha presentado esta iniciativa durante su visita a la Asociación Empresarial de Sociedades Labores y Participadas de la Región de Murcia (Amusal), que ofrece ciclos de Formación Profesional.

El titular de Educación ha expresado su preocupación por el impacto económico y la reducción del número de empresas que ofrecerán prácticas debido a esta obligación de cotización. Según Marín, las empresas y las universidades necesitan facilidades para promover la Formación Profesional, no dificultades. Además, ha señalado que las comunidades autónomas también han manifestado su preocupación en las reuniones mantenidas con el Ministerio.

En la carta, el consejero también menciona la falta de conocimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el funcionamiento de las enseñanzas y las características de los alumnos de Formación Profesional, como los menores de edad, los que trabajan y estudian al mismo tiempo, y los que se encuentran en situación irregular en España.

Marín ha solicitado la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participen el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para abordar los problemas relacionados con esta medida antes de su implementación. Además, ha exigido la interlocución conjunta de las administraciones educativas y el Ministerio en este asunto delicado que supone un coste adicional para el tejido productivo nacional y para los alumnos de Formación Profesional.