El pasado 15 de diciembre, Murcia se convirtió en el epicentro de un importante acontecimiento relacionado con la gobernanza del Mar Menor. Teresa Vicente, presidenta del Comité de Representantes, y Alfonso Manzano, su secretario, anunciaron su renuncia a sus cargos en este órgano decisivo para la laguna salada. Ambos líderes argumentaron que la situación actual se encuentra estancada y que no vislumbran una solución a corto plazo. A través de una carta divulgada por Europa Press, expresaron su profunda preocupación por el futuro de los esfuerzos realizados hasta la fecha.

Vicente y Manzano revelaron que, en cumplimiento del Reglamento correspondiente, se habían formado como una Comisión Gestora para promover la creación de diversos órganos de gobernanza, como el Comité de Representantes y el Comité Científico. Este esfuerzo culminó con la constitución de dichos órganos el 29 de mayo de 2025, gracias a la colaboración de distintos sectores sociales y económicos de la región.

Con la puesta en marcha de estos órganos, siete de los ocho integrantes de la Comisión Promotora se integraron al Comité de Representantes, con un mandato que respetaba el reglamento de 2025. Este comité se completó con la participación de representantes de las administraciones estatal y autonómica.

A lo largo de su mandato, el Comité de Representantes se reunió tres veces, buscando establecer el marco necesario para que la tutoría del Mar Menor fuese efectiva en la defensa de sus derechos. Sin embargo, tanto Vicente como Manzano señalaron que sus esfuerzos han sido obstaculizados continuamente por las administraciones, afectando no solo al comité, sino también a la actividad de la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico.

Un punto crítico que resaltaron fue la redacción del reglamento, que establece que las decisiones del Comité deben ser aprobadas por la mayoría de sus miembros, incluyendo siempre un voto favorable de los representantes de administración. Esta norma ha resultado en lo que ellos describen como un "derecho de veto" que ha mermado la efectividad de las iniciativas ciudadanas, con representantes que parece que defienden más los intereses burocráticos que los derechos del Mar Menor.

La frustración de Vicente y Manzano es evidente, pues consideran que la participación ciudadana y la escucha activa sobre las problemáticas que enfrenta el Mar Menor han sido desatendidas. Además, lamentan que las propuestas elaboradas por el tejido social para la defensa de la laguna salada no han recibido la atención que merecen.

De esta manera, la dimisión presentada no solo busca poner de relieve la falta de avance en el Comité, sino también reivindicar que el trabajo y compromiso invertidos en la protección del Mar Menor no deben ser ignorados ni bloqueados por decisiones administrativas.