La Región de Murcia se encuentra en la antesala de una transformación significativa en su panorama residencial, con un ambicioso plan que busca levantar 25.000 viviendas asequibles en los próximos cinco años. Esta iniciativa fue presentada por el presidente autonómico, Fernando López Miras, quien ha manifestado su compromiso en resolver la urgencia habitacional que enfrentan los jóvenes y las familias con ingresos medianos.

En su intervención, López Miras expuso que el nuevo modelo de Vivienda Asequible será ratificado próximamente por el Consejo de Gobierno a través de un decreto ley. El enfoque de esta normativa está orientado a aumentar la disponibilidad de viviendas dignas mediante la revitalización de áreas urbanas, la restauración de edificios inacabados y el aprovechamiento de terrenos abandonados, además de la integración de patrimonio arqueológico en la construcción de viviendas protegidas.

El presidente caracterizó esta ley como un hito en el ámbito español, a la altura de iniciativas previas como el Aval Joven de la Región. López Miras subrayó que la creación de este marco legal es el resultado de un amplio proceso de diálogo, que contó con la colaboración de diversos actores, incluidos ayuntamientos, asociaciones de promotores y colectivos sociales, cuya participación fue crucial para enriquecer el contenido del decreto.

Entre las innovadoras medidas que se introducen, se destaca la posibilidad de aumentar hasta un 40% la edificabilidad de los proyectos residenciales siempre que se destinen en su totalidad a viviendas protegidas. Esta prima puede incrementarse a un 50% en terrenos con valor arqueológico, garantizando así una coexistencia entre la conservación del patrimonio y la necesidad de vivienda asequible.

Además, la nueva legislación flexibiliza los usos de edificios, permitiendo transformar oficinas en viviendas protegidas sin necesidad de modificar el planeamiento urbano, así como habilitar espacios comerciales de planta baja para el mismo fin. También se facilitará la división de parcelas para aumentar la oferta de vivienda protegida, con el requisito de mantener la edificabilidad total.

Las reformas no solo se limitan a la edificabilidad, sino que también abordan la necesidad de una mayor adaptabilidad en el planeamiento urbanístico, permitiendo la utilización de terrenos vacíos para nuevos desarrollos residenciales, siempre que se priorice la construcción de vivienda asequible. Según López Miras, “el acceso a la vivienda debe ser una posibilidad real para quienes más lo necesitan”.

El presidente anticipó que esta normativa marcará un nuevo rumbo para la Ley del Suelo en la Región, buscando desatascar las rigideces del sistema actual. Con la introducción de la nueva categoría de "Vivienda Asequible de la Región de Murcia", el objetivo es modernizar la vivienda protegida adaptándola a las realidades sociales contemporáneas.

El modelo ofrecerá opciones de compra a personas cuyas rentas sean un máximo de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), garantizando que los precios se mantengan dentro de un rango accesible. López Miras también hizo hincapié en la implementación de fórmulas de vivienda colaborativas como el ‘coliving’ y el ‘cohousing’, que fomentan la creación de comunidades más inclusivas, especialmente para jóvenes y personas mayores que buscan una forma de vida más conectada.

La reforma se propone simplificar procesos burocráticos relacionados con la vivienda asequible, como acelerar trámites administrativos y sustituir procedimientos complicados por declaraciones responsables. Estos cambios buscan desatascar los cuellos de botella actuales y facilitar la ejecución de proyectos de vivienda.

La normativa también permitirá que los ayuntamientos establezcan bonificaciones fiscales para estas nuevas viviendas, creando así incentivos tanto para promover su construcción como para fomentar la permanencia de los jóvenes en sus comunidades. Esto se traduce en un fortalecimiento de la cohesión social y económica en toda la región.

Con la aprobación inminente del decreto, se ajustará el precio máximo de venta de las viviendas protegidas a 1.840 euros por metro cuadrado, un incremento necesario para que la construcción de estos hogares sea financieramente viable. Este ajuste permitirá cubrir los costos de desarrollo y recuperar el sector de viviendas protegidas, además de establecer un área geográfica única que simplificará la regulación y reducirá las desigualdades en el acceso a la vivienda.