La concejal de Patrimonio, Belén Pérez, ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Lorca tomará las acciones legales necesarias para asegurar la publicación completa en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la notificación formal del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de España el 1 de abril de 2025.

Este acuerdo es crucial, ya que declara ciertas zonas como gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, incluyendo aquellas que han soportado hasta 53 eventos adversos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, abarcando regiones como Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Baleares y Galicia, y impactando directamente en Lorca.

La edil ha expresado su indignación, enfatizando que "no es aceptable que, tras diez meses, aún no se tenga información clara sobre las ayudas, sus destinatarios o las cantidades específicas. La tragedia que vivimos, que lamentablemente causó la muerte de un vecino en Ramonete y generó millones de euros en daños a infraestructuras esenciales como colegios, centros de salud y viviendas, no puede ser olvidada."

A pesar de que el Ayuntamiento ha conseguido una subvención de 950.000 euros para reparar daños a bienes e infraestructuras municipales, la incertidumbre persiste. Más de diez meses después de las inundaciones de marzo, ciudadanos y pequeñas empresas siguen sin noticias sobre ayudas directas para reparar los daños en propiedades y negocios.

Pérez ha subrayado que el Ayuntamiento ha realizado numerosas gestiones con la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Política Territorial para obtener clarificaciones sobre el acuerdo del Consejo de ministros, "pero lamentablemente, seguimos esperando", ha afirmado.

La concejal también ha manifestado que la falta de publicación del acuerdo representa una vulneración de principios legales fundamentales como la transparencia, la seguridad jurídica y la buena gestión administrativa. Esta situación impide que el Ayuntamiento conozca los detalles esenciales que facilitarían la recuperación y las medidas financieras correspondientes.

Además, la escasez de información y la falta de respuesta de la Administración General del Estado es una clara violación del derecho a una buena administración, algo que adquiere una gravedad particular cuando impacta a una administración local como Lorca, que defiende intereses públicos y patrimoniales.

Pérez ha mencionado que la legislación permite a las Administraciones Públicas acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa ante la inacción de otras entidades, un paso que el Ayuntamiento considerará al no poder planificar adecuadamente los gastos de emergencia ya asumidos.

La concejal puntualizó que hay fundamentos legales sólidos que justifican la acción del Ayuntamiento de Lorca, señalando la inacción administrativa y la falta de cumplimiento del deber de publicación. Esto establece una base firme para que el Ayuntamiento defienda sus intereses mediante acciones tanto administrativas como judiciales.

"Defenderemos los derechos de nuestros ciudadanos a través de un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta moción fue aprobada en nuestra última junta de Gobierno", afirmó con determinación.

Asimismo, se ha aprobado una moción que solicita formalmente al Ministerio del Interior acceso completo al expediente administrativo relacionado con la declaración de Lorca como zona gravemente afectada por la emergencia de protección civil, así como la aplicación de las ayudas correspondientes de acuerdo con la legislación nacional en materia de protección civil.

El Ayuntamiento también demandará un informe actualizado sobre el estado del expediente de solicitud, que abarque todos los aspectos del procedimiento, incluyendo las valoraciones técnicas y un calendario indicativo para la resolución por parte del Consejo de ministros.

El objetivo es obtener claridad sobre la tramitación y los informes relacionados con los gastos emergentes ya asumidos por el Ayuntamiento, que fueron inicialmente estimados en una memoria presentada ante la Junta de Gobierno Local el 20 de marzo de 2025, y que se ha remitido a las autoridades pertinentes para su consideración.