El pasado 10 de febrero, el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, envió una carta al presidente regional, Fernando López Miras, instándolo a incorporar en la futura ley de Vivienda Asequible un conjunto de propuestas que su partido ha desarrollado para abordar la crisis habitacional.

En su comunicación, Lucas destaca que las iniciativas presentadas por el PSOE son "viables y eficaces" para solucionar el acceso a la vivienda, fruto de un proceso de consulta con diversos actores del sector, incluidos promotores, constructores y organizaciones sociales, así como de un minucioso trabajo interno.

La primera de estas propuestas sugiere ofrecer una ayuda económica directa de hasta 36.000 euros para jóvenes y familias con hijos, destinada a facilitar la entrada en su primera vivienda.

Este plan también establece que dicha ayuda debe estar vinculada a una regulación de los precios en el mercado inmobiliario y propone la creación de acuerdos con constructores y agentes inmobiliarios, enfatizando la necesidad de que los inmuebles beneficiados cumplan con el Código Técnico de la Edificación.

El documento señala que los actuales avales públicos no han cumplido su objetivo, evidenciado por el escaso número de más de 800 avales otorgados en cinco años para una población de más de 405.000 jóvenes en la región. "Esto representa únicamente el 0,2% de la población objetivo", subraya el texto, abogando por una "revisión" que implique llegar a consensos con entidades bancarias para simplificar los requisitos.

El decálogo del PSOE critica que el aval joven no promueve la construcción de viviendas para jóvenes, ya que no abarca obras que aún están en fase de planeamiento y no se otorgan desde la firma del contrato, lo que limita su efectividad.

Asimismo, propone que los terrenos públicos clasificados como suelo residencial no se vendan y se destinen directamente a la edificación de vivienda pública asequible, para garantizar el acceso de todos a una vivienda digna.

El documento también defiende que las propiedades públicas asequibles mantengan su estatus de titularidad pública y se gestionen como alquileres económicos, además de asegurar la permanencia de la calificación de protegida para las propiedades privadas bajo regímenes de protección.

Entre otras medidas, se promueve el fomento de modelos de cohousing y vivienda cooperativa, así como establecer límites a los precios de alquiler en zonas de alta demanda.

Por otra parte, el PSOE identifica los obstáculos que representan las consejerías de Fomento y Medio Ambiente para la creación de nuevos espacios urbanizables y vivienda, y propone un plan para aumentar la contratación de personal técnico que agilizase los trámites, facilitando así la cooperación con instituciones, promotores y ciudadanos.

Además, sugiere elevar del 10% al 25% las deducciones fiscales para jóvenes menores de 36 años que alquilan, con un límite de 600 euros, y que el modelo de aval joven cubra también los costos de fianza de alquiler, así como incentivos fiscales para aquellos que inviertan en su primera vivienda, ya sea por compra o por herencia.

La necesidad de fomentar deducciones fiscales también se extiende a la construcción de vivienda habitual para jóvenes emancipados, así como para pequeños propietarios que gestionen hasta tres propiedades previamente vacías, con el fin de incrementar la oferta de alquiler en la Región.

Finalmente, el PSOE propone que el Gobierno actúe como un "protector" ante posibles impagos del alquiler, garantizando así tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos un entorno más justo y de confianza en el mercado de arrendamientos.