Murcia, 28 de noviembre. En un episodio que pone de relieve las tensiones entre el poder político y judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha emitido una declaración enérgica condenando lo que consideran ataques graves y descalificaciones hacia el Tribunal Supremo y el Poder Judicial, especialmente tras los comentarios del presidente Pedro Sánchez sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien aún estaba siendo juzgado cuando el mandatario lo declaró inocente.

Este pronunciamiento se dio por concluido al término del XXVII Congreso Nacional de la APM, titulado 'Justicia independiente, garantía de democracia', el cual tuvo lugar en Murcia desde el pasado miércoles. En la clausura del evento, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se presentó para defender al presidente, afirmando que en una democracia hay espacio para criticar y discrepar de las decisiones judiciales de manera respetuosa, en lo que él considera un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

La presidenta de la APM, Mª Jesús del Barco, no dudó en confrontar a Bolaños durante su discurso, denunciando que los esfuerzos gubernamentales por presentar la labor de los jueces como si fueran "privilegiados" pasan por alto la realidad del sacrificio y esfuerzo que implica convertirse en magistrado. “No nos narres un cuento sobre los jueces que hemos tenido todo fácil”, enfatizó, subrayando que la mayoría ha alcanzado su puesto a través de largas horas de estudio y dedicación.

En su discurso, Del Barco también criticó una controvertida campaña del Gobierno que insinuaba que la carrera judicial era accesible por herencia, señalando que, aunque el 57% de los jueces son mujeres, solo un pequeño porcentaje proviene de familias con trayectoria judicial. “Tu mensaje está anticuado y no refleja la realidad del sistema judicial”, añadió con firmeza mientras el público aplaudía en apoyo.

Además, la presidenta de la APM expresó su preocupación por el clima de polarización que ha llevado a la falta de un Pacto de Estado, previsiblemente en torno a la creación de nuevas plazas judiciales, un compromiso que consideró poco creíble ante la actual falta de presupuesto del Gobierno. Ella misma auguró que cumplir con las metas de crear 2.500 nuevas plazas para jueces y fiscales era una promesa vacía, y que no podía aceptar la narrativa oficial como verdadera.

En respuesta, Bolaños insistió en su deseo de ser escuchado y elevar el debate constructivo. A pesar de reconocer que las opiniones pueden ser divergentes, el ministro explicó que su intención no es socavar el Estado de Derecho. Alabó su propia agenda reformista, afirmando que no se puede esperar un cambio sin ajustes a las leyes y procedimientos vigentes.

Refutando las críticas sobre su reforma -la Ley de Eficiencia- Bolaños destacó sus logros en la reducción de la carga judicial, y tales afirmaciones atrajeron la risa del público presente. Aun así, se ofreció a dialogar sobre la situación actual y dejar claro que ninguna comunidad ha solicitado que se retrase la implementación de la nueva ley.

En conclusión, la creación de nuevas plazas para los jueces es un tema que sigue generando controversia. Bolaños aseguró que las propuestas están destinadas a ser un refuerzo significativo dentro de los próximos tres años, pero que su éxito depende de la aprobación de los presupuestos necesarios para llevar todo a cabo. La tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial sigue sin resolverse, mientras cada lado mantiene su posición ante un público expectante.