En el reciente debate en la Asamblea Regional de Murcia, el consejero de Educación, Víctor Marín, se mostró categórico al calificar de "imprudente" la propuesta de modificar los actuales reglamentos sobre la distancia mínima entre salones de juego y centros educativos. Afirmó que realizar cambios en este momento podría crear "inseguridad jurídica", especialmente a la luz del debate jurídico que persiste tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre esta cuestión.

Durante la sesión, el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, hizo hincapié en la necesidad de reformar las normativas autonómicas relacionadas con el juego, destacando cómo la Asamblea había aprobado por casi unanimidad una moción en este sentido. Su intervención giró en torno a la necesidad de que las condiciones para la renovación de licencias incluyan las distancias a centros educativos que sean actuales, tal como establece la Ley del Juego de la Región de Murcia.

Marín, en su defensa, recordó que el juego es una actividad que se rige por normativas legales y que son las comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad de regular esta actividad. Subrayó la necesidad de mantener "firmeza" en la protección de la normativa sin recurrir a "improvisaciones". Enumeró las medidas ya implementadas, como la prohibición de nuevas autorizaciones de salones de juego desde 2018 y el acceso restringido a menores y a personas autoexcluidas en todas las áreas de juego.

Además, el consejero destacó el trabajo de un plan de inspección que ha llevado a cabo más de 1.500 actuaciones en el último año, así como el Plan Regional de Adicciones 2021-2026, que prioriza la lucha contra la ludopatía y trabaja en colaboración con centros educativos. Reveló que el aumento en casos de ludopatía se encuentra especialmente relacionado con las plataformas de juego online.

Sobre el tema de las distancias, Marín citó que, aunque el TJUE ha reconocido que las restricciones pueden tener fundamento en el interés público, la decisión final sobre su aplicación y proporcionalidad aún está pendiente de resolución judicial, y por lo tanto, no es el momento adecuado para anticipar reformas.

En otra parte de la sesión, el diputado socialista Juan Andrés Torres criticó a Marín por la demora en la transferencia de fondos a los institutos, lo que, según él, está generando deudas con proveedores. Marín respondió que la asignación de recursos sigue un plan riguroso y que se está trabajando para regularizar los pagos correspondientes al último trimestre.

El consejero también defendió la creciente inversión en Formación Profesional, destacando la creación de más de 100 nuevos ciclos formativos en 2024 y una inversión significativa en equipamiento. La diputada del Grupo Mixto, María Marín, abordó el impacto económico de la inmigración, a lo que el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, respondió que se analizan datos agregados sin discriminar por origen, promoviendo una inmigración ordenada.

En otro punto del pleno, la consejera de Empresa, María Isabel López, anunció la creación del "Investor Care Center", un espacio pionero en atención integral al inversor en la región, que incluye un calendario de sesiones de asesoramiento y que hasta ahora ha generado mil proyectos con un impacto económico considerable.

El diputado de Vox, Pascual Salvador, planteó inquietudes sobre la peste porcina africana, destacando casos de jabalíes muertos en Molina de Segura. La consejera de Empresa aseguró que la Región cuenta con un plan sanitario sólido, resaltando que no ha habido casos desde 1988.

Finalmente, en lo que respecta a infraestructuras, el PP inquirió sobre la inversión en carreteras en Cartagena. El consejero de Fomento, Jorge García, informó que desde noviembre del año pasado se han desembolsado más de 11 millones de euros en mejoras viales en dicha ciudad, abarcando proyectos significativos como el desdoblamiento de la RM-332.

En el cierre de la sesión, el socialista Miguel Ángel Ortega cuestionó sobre las medidas que se implementarán para evitar aumentos desmedidos en el alquiler en 2026, vinculando el tema a la actual Ley estatal de vivienda. García atribuyó la problemática a la falta de oferta en el sector y subrayó la necesidad de derogar estas regulaciones que afectan negativamente a los arrendamientos.