Fecha: 22 de septiembre, Murcia. En un tono crítico, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha manifestado su desconfianza ante el anuncio del presidente Pedro Sánchez, quien prometió una reforma del sistema de financiación autonómica antes de concluir la legislatura actual.

Marín comparó la situación con la famosa fábula del lobo, señalando que, tras siete años de espera, las promesas sobre la reforma parecen llegar en un momento inoportuno, justo cuando la legislatura está llegando a su fin. "Quisiera creerlo, pero la historia habla por sí misma", afirmó el consejero.

El político murciano criticó el actual modelo de financiación, que, según él, coloca a la Región de Murcia en la peor posición de toda España. Marín lamentó la falta de apoyo del Gobierno central mediante un fondo de nivelación que ayude a su comunidad hasta que se implemente una reforma justa que les iguale con otras regiones.

“El Gobierno de Sánchez nos considera ciudadanos de segunda”, expresó, subrayando que la Región recibe 1.600 millones menos que comunidades uniprovinciales como Cantabria. Cualquier anuncio que provenga de la administración de Sánchez, enfatizó, será recibido con una considerable dosis de escepticismo.

Al ser cuestionado sobre el objetivo de déficit establecido por el Ministerio de Hacienda, Marín reveló que, hasta la fecha, solo Junts ha sido informado, lo que evidencia un trato desigual entre comunidades autónomas y sugiere que las “reglas del juego” no son las mismas para todos.

“Las comunidades que apoyan al Gobierno tienen privilegios; aquellas que colaboran responsablemente parecen ser ignoradas", argumentó el consejero, quien destacó que su región se entera de ciertos temas relevantes a través de los medios en lugar de tener información directa.

Marín también recordó el rechazo el año pasado del objetivo de déficit en el Congreso, una decisión que contó con el respaldo de Junts y del Partido Popular, calificándola de "completamente injusta". Explicó que la propuesta inicial implicaba un déficit del 0,1% para las comunidades y del 0,9% para el Estado, lo que a su criterio demuestra una clara desigualdad en la distribución de cargas.

Finalmente, subrayó que con un objetivo de déficit del 1% permitido por Bruselas, las comunidades de régimen común asumen más de un 30% de todas las cargas económicas, al mismo tiempo que gestionan competencias esenciales en sanidad, educación y políticas sociales. Por ello, Marín defendió que "quien más responsabilidades tiene, debería tener mayor margen para el déficit", abogando por un equilibrio más justo en el establecimiento de estos objetivos.