En la reciente sesión de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional, el consejero Luis Alberto Marín ha mostrado su descontento con las críticas de los partidos opositores, quienes han presentado las observaciones del Tribunal de Cuentas como si fueran ilegales. Marín rechazó la afirmación de que la Comunidad Autónoma tenga un adeudo de 3.000 millones de euros con proveedores, aclarando que se trata de meros "ajustes presupuestarios".

Durante su exposición, Marín argumentó que el informe del Tribunal de Cuentas confirma que la Cuenta General refleja de manera precisa la situación financiera y que la gestión se mantiene dentro de la legalidad, a pesar de las observaciones realizadas. Para él, estos puntos son áreas específicas que requieren mejoras y no una impugnación general de la cuenta, advirtiendo que equipararlas a ilegalidades es una "distorsión deliberada".

El consejero se centró en el tema de las aportaciones al Servicio Murciano de Salud (SMS), explicando que algunas no se registraron como gasto en 2022, lo que impacta en el resultado presupuestario. No obstante, insistió en que esto no implica una pérdida real de recursos ni un detrimento en la atención sanitaria, asegurando que los fondos se destinaron al mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

Al abordar el remanente de tesorería, Marín detalló que el Tribunal sugirió ajustar derechos de cobro asociados al SMS debido a la posibilidad de que no se recuperen, afectando así a su cálculo. Enfatizó que el 99,41% del ajuste señalado por el Tribunal está relacionado con la administración del SMS y aseguró que ya se ha corregido en la cuenta de 2023, subrayando que el remanente no debe considerarse como un fondo disponible libremente.

Marín mencionó la "brutal infrafinanciación" que enfrenta la Región, que se estima en 1.675 millones respecto a las mejor financiadas. Señaló que el 84% del presupuesto se destina a servicios esenciales como salud, educación y política social, defendiendo la necesidad de recurrir a la deuda a través de mecanismos extraordinarios para asegurar la provisión de estos servicios.

Sobre la posibilidad de condonación de deuda planteada por el Gobierno central, Marín expresó dudas sobre su efectividad, citando que, según la AIReF, el ahorro en intereses no podría destinarse directamente a un aumento del gasto social, cuestionando su verdadera utilidad.

Respecto a las modificaciones presupuestarias, el consejero informó que en 2022 se elevaron a 419 millones, lo que refleja una reducción del 67% comparado con el año anterior, en un entorno marcado por la recuperación post-pandemia, la crisis energética y conflictos internacionales. Además, defendió que el nivel de reparos en los expedientes es mínimo, con un cumplimiento parcial de las recomendaciones del Tribunal.

Acerca de la supuesta deuda con proveedores, reiteró que, de ser cierto, sería imposible que la Comunidad continuara recibiendo suministros, reafirmando que las diferencias se deben a ajustes y no a impagos.

El diputado del PSOE, Alfonso Martínez, respondió señalando que el informe cuenta con casi 300 páginas, enfatizando las advertencias sobre las salvedades. Cuestionó la situación de rechazo de la Cuenta General entre 2015 y 2021 y mencionó la sobrevaloración de derechos de cobro y el déficit significativo del último año, criticando la política fiscal que propone recortes impositivos mientras numerosas familias se enfrentan a la pobreza.

El representante de Vox, Rubén Martínez, caracterizó la política fiscal del Gobierno regional como una "estafa", señalando que la reducción del IRPF apenas benefició a los contribuyentes. Relacionó el informe con compensaciones pendientes por el terremoto de Lorca y acusó al Ejecutivo de falta de competencias.

Desde el grupo Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, José Luis Álvarez Castellanos, calificó las justificaciones del Gobierno como insuficientes y criticó la exclusión de ciertos organismos en la Cuenta General, además de cuestionar las bonificaciones fiscales aplicadas.

Por último, Carlos Albaladejo, del PP, defendió la legitimidad de la gestión regional, afirmando que el Tribunal respalda el cumplimiento normativo y resaltando los esfuerzos del Gobierno para sostener las plantillas y los servicios en tiempos de dificultad económica.