La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha tomado una decisión controversial al firmar una orden ministerial que establece la "urgencia y excepcional interés público" de las obras en el antiguo Hospital Naval de Tentegorra. Esta medida permite al ministerio llevar a cabo cualquier actuación necesaria sin la necesidad de contar con licencias municipales, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales.

Durante una reciente junta extraordinaria de portavoces, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, expuso los serios problemas que han surgido a raíz de esta situación. El concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, presentó un informe que revela "graves incumplimientos", tales como la carencia de medidas de seguridad contra incendios en las carpas instaladas y la inadecuada ubicación del recinto, que está situado en una zona propensa a inundaciones. Arroyo también mencionó que el informe no vinculante solicitado por el ministerio ha sido completado por técnicos municipales, quienes han determinado la incompatibilidad de estos proyectos con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha abierto dos expedientes sancionadores después de constatar que las reformas en el edificio, destinadas a habilitar 300 camas, así como la instalación de carpas, se estaban llevando a cabo sin la debida autorización. Las autoridades afirmaron que estas obras "no solo carecen de licencia, sino que el uso residencial asignado resulta incompatible con el PGOU, que clasifica la parcela como 'sistema general de equipamiento comunitario', destinado a funciones de defensa y protección". Además, la situación se agrava debido a que el recinto está ubicado dentro de la zona de policía de la Rambla de Canteras y en una área inundable con un período de retorno de 500 años, lo que requiere permisos adicionales que no han sido presentados. Las carpas instaladas, por otro lado, no cumplen con los requisitos de resistencia al fuego estipulados en el Código Técnico de la Edificación, un incumplimiento particularmente grave teniendo en cuenta su uso residencial público previsto.

Noelia Arroyo ha criticado abiertamente la decisión del ministerio, que limita la capacidad del Ayuntamiento a emitir un informe no vinculante sobre estas actuaciones. La alcaldesa ha enfatizado que esta medida "refleja una falta de sensibilidad hacia Cartagena, la única ciudad en España que recibe migrantes tanto por sus costas a través de pateras como en vuelos provenientes de Canarias". Arroyo ha subrayado que "esto no tiene sentido ni es justo", al tiempo que denunciaba el "incumplimiento sistemático de los compromisos" por parte del ministerio. Lo que se había planeado como un campamento temporal para 600 personas ha sobrepasado el año de funcionamiento, acumulando más de 1,000 residentes, lo que genera una concentración que representa un riesgo para la conviviencia y sobrecarga los servicios sociales de la ciudad.

El Ayuntamiento de Cartagena ha reiterado que "la gestión de los flujos migratorios debe ser equilibrada y respetar la capacidad de cada territorio". Por este motivo, el consistorio exige al ministerio que cumpla con sus compromisos, reconsidere su decisión y garantice una distribución más equitativa de responsabilidades entre las diferentes regiones. Mientras tanto, el Ayuntamiento seguirá vigilando y actuando dentro de sus competencias para asegurar el cumplimiento de la legalidad en el recinto del antiguo Hospital Naval, protegiendo así los intereses de la ciudad.