24h Murcia.

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Murcia denuncia que las entregas anticipadas son insuficientes y llegan con retraso para abordar el déficit financiero.

Murcia denuncia que las entregas anticipadas son insuficientes y llegan con retraso para abordar el déficit financiero.

En un reciente pronunciamiento, el portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, ha manifestado su descontento respecto a las transferencias económicas anunciadas por el Ministerio de Hacienda, calificándolas como inadecuadas y tardías. Según Ortuño, estas entregas no abordan el déficit estructural de financiamiento que persiste en la administración española.

Durante una rueda de prensa dedicada a comentar los acuerdos del Consejo de Gobierno, Ortuño expresó su preocupación por lo que considera un intento del Estado de "asfixiar" a la comunidad autónoma al demorar estas transferencias hasta prácticamente el mes de agosto, un acto que pone de manifiesto la falta de seriedad en la gestión de los recursos públicos.

El portavoz se ha sido claro al indicar que estas entregas no deberían ser vistas como un obsequio del presidente Pedro Sánchez o de la ministra María Jesús Montero, sino como una obligación legal que le corresponde a la Región de Murcia, enfatizando que esos son fondos que por derecho pertenecen a sus ciudadanos.

Ortuño ha subrayado la urgencia de que el Gobierno central convoque a todas las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para discutir la necesaria reforma de un sistema de financiación autonómica que ha estado obsoleto durante más de una década.

El portavoz ha reiterado que dicho sistema es crucial para asegurar los recursos que permiten financiar áreas esenciales como sanidad, educación y servicios sociales, haciendo un llamado a la administración de Sánchez para que no eluda su responsabilidad en la reforma de este sistema de financiación tan necesitado de cambio.

Asimismo, ha criticado duramente la decisión del gobierno central de otorgar una financiación especial a Cataluña, un hecho que, según Ortuño, socava los principios de igualdad y solidaridad interterritorial, al crear diferencias injustas entre comunidades y afectar negativamente a la Región de Murcia en particular.