La situación de la dependencia en la Región de Murcia presenta datos alarmantes que generan preocupación en la sociedad. Según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la comunidad murciana tardó una media de 563 días en resolver los expedientes de dependencia durante el último año, el tiempo más prolongado de todas las comunidades autónomas españolas.

Este informe revela no solo una notable lentitud en los procesos, sino también un preocupante aumento en los tiempos de tramitación, que creció en 43 días respecto al año anterior. Murcia se sitúa a la cabeza en este aspecto, seguida de Madrid, que reportó un incremento de 40 días. Además, la Región se enfrenta a un grave problema de personas en espera de recibir prestaciones, ocupando el tercer lugar en el ranking nacional con un 14,7% de solicitud sin resolución, solo por detrás de Canarias y el País Vasco.

El panorama es igualmente sombrío en lo que respecta a la lista de solicitantes en espera. Con un 22,26%, la Región de Murcia presenta el segundo mayor porcentaje de personas en esta situación, superada únicamente por Canarias. Este problema se ha agravado en los primeros diez meses del año, con un incremento del 14,5% en la lista de espera, posicionándose como una de las comunidades con mayores dificultades en la gestión de solicitudes.

A nivel de inversión, la Región de Murcia se encuentra en el fondo de la tabla, con una asignación de apenas 1.667 euros por persona potencialmente dependiente en un año, cifra que solo es superada por Galicia y Canarias. Este año, el Ejecutivo regional aportó un 73,2% de inversión pública en dependencia, una cifra que pone de manifiesto la insuficiencia de recursos destinados a este sector vulnerable.

A pesar de esta situación crítica, hay un ligero aumento en el número de beneficiarios con prestación este año, con un crecimiento del 8,2%, situándose en el tercer lugar en este aspecto después de Canarias y Galicia. Sin embargo, también se ha notado un aumento del 9,7% en la cifra de personas con derecho a prestación, siendo superadas por las significativas subidas en Canarias y Galicia.

Los datos también reflejan una realidad desgarradora: durante los primeros diez meses de 2025, un total de 1.168 personas que estaban en espera de resolución de grado y del Plan Individual de Atención (PIA) fallecieron en la Región. Esta situación se inscribe en un contexto nacional en el que, cada 18 minutos, una persona fallece en España mientras aguarda en la lista de dependencia, sumando un total de 27.217 muertes en 2025, según el mencionado informe.

El informe pone de relieve que, a finales de octubre, había en España 1.750.070 personas con dependencia reconocida, un aumento de 113.313 respecto al año anterior, y otra 120.698 a la espera de valoración. Esto significa que aproximadamente el 3,5% de la población nacional necesita algún tipo de apoyo para realizar las actividades esenciales del día a día.

Casi dos tercios de los beneficiarios de prestaciones de dependencia son mujeres (62%), y las personas mayores de 65 años representan tres de cada cuatro dependientes reconocidos, destacando que el 53% son personas de más de 80 años. Asimismo, el número de personas con derecho a atención que se encuentra en la lista de espera ha crecido en 12.153 en 2025, alcanzando un total de 154.619 individuos que siguen en el limbo de la dependencia, lo que equivale al 8,8% del total con derecho reconocido.

El informe también analiza el tiempo medio de tramitación de un expediente, que se sitúa en 350 días, un aumento de 16 días en comparación con 2024. En tres comunidades autónomas, incluida Murcia, el tiempo de espera ronda los 500 días, evidenciando una gran disparidad en la gestión de la dependencia en el país. Solo cinco territorios cumplen con el plazo legal de seis meses para la tramitación, lo que llama a una reflexión profunda sobre la atención a la dependencia en España.