El 17 de julio, el portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, informó que los expertos legales de la Comunidad Autónoma están evaluando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto se ratifique la financiación especial otorgada a Cataluña.

Ortuño se mostró enérgico al criticar el acuerdo entre el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña, calificándolo de “ilegal” y “corrupto”, y subrayó que este trato atenta contra los principios de igualdad y solidaridad entre las distintas comunidades autónomas en España.

El portavoz argumentó que los intereses personales del presidente Pedro Sánchez en mantenerse en el poder han llevado a un acuerdo que, a su juicio, perjudica directamente a Murcia, ya que favorece a los que más recursos tienen en detrimento de aquellos con menos.

Durante una conferencia de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño expresó su descontento por la manera en que se ha gestado este pacto, afirmando que se ha hecho "sin contar con el resto de las comunidades autónomas", y reiteró que están cansados de acuerdos bilaterales que ignoran la cogobernanza.

El portavoz subrayó que, de prosperar esta financiación dirigida a Cataluña, habría un detrimento en los recursos destinados a otras regiones españolas. A su juicio, esto pone en riesgo el modelo autonómico, al sugerir que las comunidades deben buscar sus propias soluciones si se fragmenta la caja común de recursos.

Ortuño recordó que el presidente regional, Fernando López Miras, había exigido en la última Conferencia de Presidentes que se reformara el sistema de financiación autonómica, aunque según él, Pedro Sánchez no asumió ningún compromiso debido a que ya probablemente había sellado un acuerdo con Cataluña.

El Gobierno murciano, según Ortuño, está decidido a utilizar todos los recursos disponibles, tanto políticos como legales, para combatir lo que consideran un agravio a su comunidad.

Al finalizar, Ortuño reafirmó que los servicios jurídicos están listos para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional tan pronto como se formalice la financiación especial para Cataluña, denunciando que el acuerdo no puede permitir que se siga despojando a las comunidades menos favorecidas. Reiteró su compromiso de defender los intereses de Murcia por todos los medios a su disposición.