El pasado 5 de octubre, la Región de Murcia, junto con otras once comunidades autónomas, ha hecho oír su voz ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En una carta conjunta, proponen diversas mejoras para la gestión del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), un mecanismo nuevo que busca fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Desde su implementación en 2023, los CAE están diseñados para ayudar a las empresas a reducir su consumo de energía, al tiempo que les permiten obtener rentabilidad a través de un mercado secundario. Sin embargo, las comunidades firmantes, que incluyen a Galicia, Andalucía, y la Comunidad Valenciana, entre otras, argumentan que es imprescindible optimizar el funcionamiento de este sistema para cumplir de manera más efectiva con los objetivos medioambientales del país.

Las comunidades resaltan que el CAE puede ser una herramienta decisiva para atraer inversiones hacia la eficiencia energética, en sintonía con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sin embargo, quienes gestionan ese sistema enfrentan desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a los costos administrativos y operativos asociados a su implementación.

Federico Miralles, director general de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Medio Ambiente de Murcia, subraya que la gestión del CAE ha llevado a un aumento considerable de la carga técnica y administrativa, particularmente debido a la verificación de documentos y la coordinación con el Ministerio. Esta situación se ha vuelto insostenible, y por ello, las comunidades solicitan un presupuesto específico para cubrir esos gastos indirectos.

Desde que se puso en marcha el sistema CAE en la Región de Murcia, se han certificado incrédulos 89.853.949 kilovatios/hora de ahorro energético, un logro que representa el consumo de energía de aproximadamente 26.000 hogares. Esta cifra refleja un aumento notable del 94 por ciento en el segundo trimestre de 2025.

La inversión de las empresas en este sistema ya asciende a 13.158.372 euros, siendo casi 10 millones de esa cantidad invertidos sólo este año. Además, se han ejecutado 112 iniciativas, destacando una fuerte presencia en el sector industrial, aunque también se nota un resurgimiento en el sector del transporte con un incremento casi nueve veces en el número de proyectos ejecutados.

Asimismo, las comunidades piden una ampliación de los plazos para la emisión de informes y certificaciones, que actualmente son de 15 días para iniciativas estandarizadas y 30 para las más específicas. Miralles argumenta que son tiempos inadecuados, especialmente en temporadas con alta carga de trabajo o complicaciones administrativas, y ha propuesto que estos plazos se extiendan a 30 y 45 días respectivamente.

La búsqueda de optimización en la gestión del CAE no solo refleja una necesidad administrativa, sino también el compromiso de las comunidades por avanzar hacia un futuro más sostenible y responsable con el medio ambiente. La colaboración entre administraciones es clave para garantizar el éxito de iniciativas que, al final, benefician a toda la sociedad.