La gestión del agua en España se enfrenta a un serio desafío debido a la creciente crisis climática, y es aquí donde la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha subrayado la importancia de actuar con una "extraordinaria prudencia". Durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre el trasvase Tajo-Segura, Narbona enfatizó que la situación exige un enfoque responsable y fundamentado.

Narbona, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2008, se defendió de ser considerada una "fundamentalista antitrasvasista", asegurando que su gestión no conllevó una reducción del caudal del Tajo al Segura, conforme a las normas vigentes en ese momento. En su intervención, recordó cómo su administración se enfocó en garantizar la seguridad hídrica de la región, en lugar de promover una confrontación politizada.

En este contexto, la exministra mencionó que su objetivo principal fue el de gobernar de manera inclusiva, abordando tanto el bienestar de las comunidades afectadas como las demandas de la región de Murcia. Narbona insistió en que su perspectiva se basó en evidencias científicas y no en ideologías, reflejando un compromiso con una gestión sostenible y efectiva, sin descuidar las necesidades hídricas de la población.

Durante el debate, también hizo referencia al controversial trasvase del Ebro, recordando que su anulación no fue resultado de las decisiones del Gobierno de Rodríguez Zapatero, sino de la intervención de la Comisión Europea. Según ella, al regresar el Partido Popular al poder bajo Mariano Rajoy, el proyecto quedó en el olvido, lo que evidencia la falta de voluntad política para retomar la iniciativa.

Ante la preocupante realidad del cambio climático, claramente evidente en la variabilidad de las precipitaciones, Narbona advirtió que esta situación requiere un replanteamiento de la gestión del agua. España presenta uno de los niveles más altos de vulnerabilidad en este contexto, lo que hace esencial aplicar criterios de prudencia en todas las decisiones hídricas.

En su línea de razonamiento, propuso adoptar una estrategia de "gestión plurianual" que contemple una combinación adecuada de tecnologías, incluyendo la desalación, para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico en la región. Esta perspectiva ha sido respaldada por miembros del PSOE, quienes han elogiado la visión de Narbona y su capacidad para anticipar las crisis que enfrentaba el sector agrícola murciano.

Por otro lado, el diputado de Vox Alberto Garre destacó la necesidad de gestionar el agua como un recurso común de todos los españoles, insistiendo en que debería redistribuirse a donde más se necesita. Garre cuestionó la retórica que rodea el Plan Hidrológico Nacional y sugirió que tanto el PSOE como el PP han contribuido a confundir la información respecto a la financiación del trasvase del Ebro.

En el debate, también se hizo presente la voz de Podemos-IU-AV, que instó a contextualizar el trasvase Tajo-Segura dentro de un futuro más sostenible. José Luis Álvarez-Castellanos argumentó que es necesario redimensionar la agricultura intensiva en la región y priorizar metodologías más responsables que aborden las evidentes realidades de cambio climático y disminución de recursos hídricos.

Finalmente, el diputado del PP, Jesús Cano, criticó la administración de Narbona, alegando que su enfoque fue más ideológico que técnico. Indicó que esto puso en riesgo empleos y afectó directamente al campo murciano. Cano abogó por una política hídrica nacional más solidaria y planificada, que reconozca y apoye los esfuerzos de modernización y ahorro en las comunidades productivas, en lugar de perpetuar la incertidumbre y las divisiones territoriales.