El Partido Popular (PP) ha llevado un conflicto ante el Tribunal Constitucional en relación con la reciente paralización de su proyecto de Ley de Costas, que afecta a numerosas familias en la región de Murcia.

En particular, 400 hogares ubicados en las playas de Cabo de Palos, Los Nietos, El Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre están en riesgo debido a la nueva delimitación del dominio público terrestre, que ha sido obstaculizada por la administración de Costas, lo que podría resultar en la demolición de estas viviendas. Estas propiedades, según el senador del PP, Francisco Bernabé, son legales y estaban debidamente registradas, cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales y urbanas.

El PP, a través de Bernabé, ha denunciado el "bloqueo" que, según ellos, la Mesa del Congreso ha ejercido sobre su propuesta legislativa. El senador ha afirmado que si la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los demás miembros de la Mesa no cambian su postura, considerarán emprender acciones legales individuales, alegando que están priorizando intereses políticos sobre el bienestar de los ciudadanos.

Bernabé ha insistido en que el Senado, como una de las cámaras del legislador, tiene la misma legitimidad que el Congreso y subrayó que obstaculizar la iniciativa del PP significa debilitar la función legislativa del Senado.

El senador ha comentado que la proposición ha sufrido más de 60 prórrogas a manos de la Mesa del Congreso, sugiriendo que la dilación en la tramitación carece de fundamento. En consecuencia, ha advertido que si no se logra avanzar en términos políticos, se recurrirá a la vía judicial, apelando al Constitucional.

Las familias afectadas están movilizándose legalmente para combatir las órdenes de demolición. Se menciona el caso de dos viviendas en Cabo de Palos que ya han agotado sus recursos y enfrentan inminentemente la demolición, y planean recurrir al Tribunal Supremo en su defensa.

Asimismo, Bernabé ha expresado su preocupación por que estas casas, al ser consideradas parte del dominio público, resulten en que las familias afectadas sean responsables de cubrir los costos de las demoliciones sin recibir compensación alguna por la pérdida de sus hogares.