Un enfoque renovador está tomando forma en la región de Murcia con un decreto que busca transformar las pruebas físicas para acceder a la Policía Local, según lo anunciado por el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, en una reciente conferencia tras la reunión del Consejo de Gobierno. Este avance legislativo redefine los criterios mínimos que guiarán las futuras convocatorias y se basa en cuatro pilares fundamentales para modernizar los procesos de ingreso y selección dentro del cuerpo policial.

Uno de los aspectos más destacados de este nuevo marco es la revisión de las condiciones médicas que actualmente excluyen a muchos aspirantes, eliminando barreras innecesarias como la diabetes, el VIH o la psoriasis. Además, se llevará a cabo una actualización en las pruebas físicas, con el objetivo de igualar las oportunidades de acceso tanto para hombres como para mujeres, un paso significativo hacia una mayor inclusión en la fuerza policial.

El decreto también se centra en redefinir los ejercicios que se llevarán a cabo durante la fase de oposición, así como en especificar los méritos que se evaluarán en la fase de concurso. También establecerá un marco claro para el contenido y la estructura de los cursos selectivos que deberán realizar los candidatos seleccionados.

Esta propuesta, que los ayuntamientos podrán adoptar de manera voluntaria, tiene como meta asegurar un criterio uniforme en todos los procesos de selección, según lo expuesto por Ortuño. Se anticipan múltiples beneficios para las administraciones locales, incluyendo ahorro de recursos económicos y una reducción en los plazos entre la finalización de las oposiciones y el comienzo de los cursos necesarios.

Los aspirantes tendrán la ventaja de contar con un temario único y la posibilidad de elegir su destino en función de la puntuación alcanzada en las pruebas. El proyecto ha sido enviado a los ayuntamientos, asociaciones de jefes de Policías Locales y sindicatos, con la intención de incorporar sus sugerencias. El siguiente paso será la publicación del decreto en el Portal de la Transparencia, seguido de la obtención de informes de diferentes entidades, así como la evaluación del Consejo Jurídico.