El pasado 17 de febrero, en un acontecimiento que promete agitar la arena política murciana, la diputada de Podemos, María Marín, hizo pública la decisión de su partido de acudir a la Fiscalía para denunciar la supuesta "ocultación" de informes críticos sobre la calidad del suelo agrícola en el área del Campo de Cartagena. Dichos informes fueron encargados por el Gobierno regional a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y, según se ha revelado, apuntan a una alarmante contaminación por metales pesados en estas tierras.

La denuncia incluye acusaciones de posibles delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en subvenciones, según declaraciones del partido. Marín ha afirmado con contundencia que es fundamental que el público conozca lo que, a su juicio, las autoridades, en particular el presidente regional Fernando López Miras y la consejera de Agricultura, Sara Rubira, han mantenido en secreto.

"Es inaceptable que estos informes, que contienen datos cruciales, hayan estado guardados en un cajón durante meses", expresó Marín durante una comparecencia ante los medios, mientras mostraba los mapas que ilustran los alarmantes niveles de contaminación en el sector agrícola.

Los resultados del estudio revelan que los niveles de plomo en el suelo son diez veces superiores a lo permitido por la ley, y el cadmio supera en cinco veces los límites establecidos. Además, los informes indican concentraciones elevadas de zinc y cobre, factores que Marín considera amenazan gravemente la seguridad alimentaria, así como la salud de los trabajadores del campo y de la población en general.

Los mapas mencionados presentan extensas áreas coloreadas en rojo, señalizando los puntos críticos donde se han detectado niveles de plomo que exceden los mil miligramos por kilogramo, zinc superior a 500 mg/kg, entre otros metales pesados. Con esto, la diputada enfatizó la urgencia de que el Gobierno regional tome medidas inmediatas para abordar el problema.

Marín también reveló que este proyecto de investigación fue solicitado y financiamiento por la Consejería de Agricultura en noviembre de 2023, con una inversión de 293.000 euros. Sin embargo, a pesar de que los resultados fueron entregados en mayo de 2025, el Gobierno regional supuestamente ha mantenido esta información alejada de la opinión pública, llegando incluso a negar la existencia de los informes.

Más allá de las acciones legales emprendidas, Podemos ha instado a la Asamblea Regional a convocar de manera urgente a la consejera Rubira para que explique la situación y aclare por qué se ha ocultado la información. "La situación es grave y no puede ser ignorada. La consejera debe dar la cara y responder a las inquietudes de la ciudadanía y del sector agrícola", sentenció Marín.